Aunque la aprobación del dictamen sobre la validez de la elección presidencial fue unánime, ahora se tiene información sobre dos de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que difirieron y propusieron anularla por la indebida participación del presidente Vicente Fox y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la orientación del voto de los ciudadanos.

Jaime Cárdenas Gracia, doctor en Derecho y ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), dice que los dos magistrados eran Leonel Castillo, presidente del tribunal, y Mauro Miguel Reyes Zapata, creador de la norma de la nulidad abstracta para invalidar elecciones.

Refiere incluso que los secretarios de Estudio y Cuenta del TEPJF recibieron la instrucción de preparar un proyecto anulando la elección presidencial.

Se pidió una entrevista con los dos magistrados, pero no hubo respuesta.

Sin embargo, Mauro Miguel Reyes Zapata, al explicar el sentido de su voto de la elección presidencial el pasado 4 de septiembre, reconoció: "Se hizo una evaluación en el dictamen sobre la base de que tanto era factible declarar la validez como declarar la nulidad".

Lorenzo Córdova, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comenta: "Yo sabía que la construcción del consenso de los magistrados, la unanimidad, no se dio desde el principio, pero, en todo caso, es algo normal".

Es decir, explica, el 3 de julio pudo haber habido una opinión que se modificó a lo largo de las semanas como producto del análisis detallado de las pruebas y del recuento que se hizo, el cual demostró que no había más que errores y no un fraude electoral, como sostuvo la coalición Por el Bien de Todos.

Con el tiempo, señala, "puede ser que un magistrado cambie su postura original, y esto es absolutamente lícito y no creo que haya que extrañarse de ello".

Castillo y Reyes Zapata optaron finalmente por la unanimidad en la resolución del TEPJF respecto a la elección presidencial, pero en la exposición de sus motivos no pasaron por alto la gravedad de la intervención del presidente Fox y del CCE.

Castillo expresó: "Yo espero que los grupos de poder político y los de poder económico piensen muy bien en futuros comicios, que participen como ciudadanos, que participen en lo que les corresponde en su función, que no se excedan, porque si ahora mediaron circunstancias que impidieron que esas acciones, cuando menos las acciones probadas, no dañaran al producto de todos, no sabemos si más adelante lo pudieran hacer en otros ejercicios".

Reyes Zapata manifestó: "En esta elección hubo algunas irregularidades. En el dictamen se resalta que a final de cuentas no fueron suficientes para lograr una nulidad en la elección. Se hizo una evaluación en el dictamen sobre la base de que tanto era factible declarar la validez como declarar la nulidad".

Cárdenas Gracia, profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, refiere que Porfirio Muñoz Ledo y gente del entorno de Andrés Manuel López Obrador han señalado que magistrados del TEPJF ordenaron preparar un proyecto anulando la elección presidencial por la injerencia presidencial y de los empresarios en los comicios.

"Las versiones indican que hubo una influencia de la Secretaría de Gobernación o de Los Pinos para decirles a los magistrados que si anulaban la elección iban a causar una crisis económica y financiera en México. También les dijeron que no era conveniente que fueran divididos, porque perdería fuerza la sentencia y además le darían armas a López Obrador y sus seguidores", expone.

Algún día, menciona, se sabrá con precisión "lo que ocurrió, quién habló con ellos, cómo los convencieron, sobre todo a esos dos magistrados que puedo decir hasta quiénes eran: Castillo y Reyes Zapata. Ellos son quienes pudieron haber votado de manera dividida, pero los convencieron, de alguna manera, para que no lo hicieran".

Lorenzo Córdova, doctor en Investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia, asegura que no hay elemento objetivo alguno que demuestre que hubo una negociación con los magistrados o presiones para favorecer a una de las partes con su sentencia y para salir unánimes.

"Todo lo que se ha generado son sólo rumores, dichos de una de las partes, como el famoso cañonazo de millones de pesos a los magistrados, según López Obrador. Tienen que leerse más como expresiones de políticos sobre una materia altamente politizada y en un contexto de amplia confrontación política. Entonces, si no hay ninguna prueba del asunto, pues no son más que ocurrencias en la plaza."

El analista e historiador Lorenzo Meyer opina que el tribunal había sido demasiado formalista en su sentencia, gramatical, frente a una elección que reclamaba sensibilidad política por la inconformidad social que había generado.

"Si el tribunal hubiera sido gramatical, simple y sencillamente de entrada hubiera cerrado la puerta a analizar la posibilidad de la nulidad de las elecciones presidenciales, porque esa posibilidad no está contemplada ni en la Constitución ni en la ley. Eso habría sido irresponsable, por supuesto, pero habría sido una lectura gramatical."

Consideró que en algún momento prevaleció la idea de que si había alguna irregularidad se tenía que anular la elección. "Este es un abaratamiento del discurso de la nulidad, que es gravísimo".

El escritor Juan Villoro considera que cuando el tribunal sostuvo que la intervención presidencial y la de los empresarios no fue determinante en la elección del 2 de julio, más que una sentencia parecía una opinión sin mayor sustento.

"Toda sentencia es una opinión de quien tiene la facultad legal de emitirla. Claro, es una opinión que tiene que estar motivada y demás, y tal vez en ese sentido hubiera sido deseable una motivación mayor.

"El dictamen podía haber sido mejor. Cualquier sentencia siempre pudo haber sido mejor de como se emitió". Por supuesto, acepta, "si las impugnaciones también hubieran sido mejores".