Las cárceles del país se encuentran sobrepobladas con presos cuyas sentencias no rebasan los cinco años por delitos de los denominados de cuantía menor, o con internos sujetos a proceso que pasan hasta dos años en espera de sentencia en prisión preventiva.

Más de 60% de los internos en reclusión fueron capturados en flagrancia, y la mitad de la población recluida en las cárceles del país purga sentencias por robos de poca cuantía (hasta 6 mil pesos) o delitos contra la salud (narcomenudeo), en los que el monto de lo traficado no rebasa los 100 dólares.

Estas cifras y la confirmación de que en México se abusa de la prisión preventiva, son parte de los hallazgos de la Segunda Encuesta a Población en Reclusión realizada de manera conjunta por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Centro de Investigaciones en Antropología Social (CIESAS).

Los resultados de la investigación "delincuencia, marginalidad y desempeño de instituciones" todavía están siendo procesados, aunque los indicadores se mantienen constantes respecto de la encuesta de 2003, explica Elena Azaola, investigadora del CIESAS y coautora de la encuesta.

"Prácticamente no hay cambios en los resultados que obtuvimos en 2003. La gran mayoría están en prisión por delitos pequeños, irrelevantes; lo que están internos son porque carecen de recursos y no tienen acceso a una defensa adecuada", destaca.

El hecho de que la mayor parte de los reclusos haya sido detenida en flagrancia, evidencia también la falta de capacidad de las procuradurías de Justicia del país para realizar una investigación policiaca profesional que permita capturar a delincuentes profesionales, considera en entrevista con EL UNIVERSAL.

Azaola cita otro dato como ejemplo de esa ineficacia, al señalar que 60% de los detenidos a nivel nacional queda libre en el transcurso del proceso.

"Sin embargo, a todos se les inicia proceso, y después no hay elementos para sentenciarlos, lo cual demuestra que no se detuvo a la persona correcta o no se tuvo la capacidad para investigar".

Por su parte, Arturo Arango, investigador del Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad, sostiene que más de la mitad (54.1%) de los sentenciados por delitos del fuero común a nivel nacional recibieron sentencias de prisión de un mes a dos años, aunque hayan pasado en prisión preventiva más tiempo del que se les impuso como condena.

Otro 11% recibió penas de prisión de entre tres y cuatro años; el 4.2% sentencias de cinco a seis, mientras los que reciben condenas de 10 años en adelante no rebasan 10% de la población sentenciada, de acuerdo con estadísticas que elaboró junto con la investigadora Cristina Lara, a partir de datos oficiales.

Una de las conclusiones de la primera encuesta era que el sistema de justicia se concentra mayoritariamente en la sanción de delitos contra la propiedad de quienes cometen robos de poca cuantía, y destacaba que sólo 5% de los internos sentenciados por delitos patrimoniales habían robado montos superiores a los 75 mil pesos.

Esas tendencias, sumadas al incremento de los índices delictivos, el endurecimiento de las penas y el otorgamiento de estímulos por consignaciones a agentes de la policía y ministerios públicos, se ha traducido en una sobrepoblación carcelaria que alcanza proporciones alarmantes, coinciden.

El propio gobierno federal reconoce la incapacidad de capturar y sancionar a los delincuentes más peligrosos, en una cita del Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-2006, retomada por la primera encuesta CIDE-CIESAS, admite: "De los 165 mil delincuentes presos, solo 7 mil (4%) son de alta peligrosidad".

Actualmente la población carcelaria es de aproximadamente 205 mil internos y esa realidad no ha cambiado, advierte Elena Azaola.

Explica que la encuesta, aplicada a mil 200 internos en reclusorios del Distrito Federal y del estado de México, es representativa a nivel nacional, pues estas entidades concentran entre 20% y 25% de la población penitenciaria del país, y son los estados con mayor índice delictivo para algunos ilícitos considerados en la muestra, como el robo.

Los investigadores encontraron "un deterioro evidente en las condiciones de vida de los internos y de sus familias, pues ellas sufragan gran parte de los gastos que les genera la cárcel, como alimentos, ropa, artículos de aseo personal y los pagos ilegales, que no han sido eliminados", afirma. Estos cobros, que aplican principalmente custodios pero también otros internos, incluyen conceptos como el ingreso a visita familiar, la entrada de alimentos,ropa y medicinas; el acceso a la visita conyugal y el pase de lista, precisa la especialista.