La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un plazo de 10 días hábiles a las cámaras de Senadores y de Diputados para que presenten las pruebas que sustenten su solicitud de investigar las presuntas violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, que involucran al gobernador de Puebla, Mario Marín, y a otras autoridades de la entidad.

El máximo tribunal del país indicó que se acordó que "en la petición formulada para solicitar su intervención no se acompañaron los medios probatorios idóneos", por lo que los integrantes del Congreso de la Unión tendrán hasta el 9 de marzo para corregir su petición y anexar las evidencias necesarias.

Aunque la presidencia de la SCJN también notificó a los diputados que aún después de que se entregue de forma correcta la petición, ésta será analizada para determinar si es o no procedente, ya que "la facultad de investigación de la Corte es discrecional, aun cuando exista petición de parte legítima", con base en tesis emitidas por el alto tribunal del país.

La petición de los diputados y senadores se sustenta en el artículo 97 de la Constitución, que en su párrafo segundo establece que la SCJN "podrá nombrar a alguno o algunos de sus miembros, a algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente, o lo pidiere el Ejecutivo federal o alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual".

Al respecto, la SCJN indicó que la solicitud de los senadores y diputados debe acompañarse de las pruebas que sustenten su petición, "y que resulten jurídicamente idóneas para demostrar que se está ante los supuestos que marca el citado artículo constitucional".

Se indicó que "tales pruebas deben llevar a la Corte a la convicción de que existen elementos que justifiquen ejercer la facultad extraordinaria de indagar sobre el citado caso".

Ambas cámaras votaron el pasado martes a favor de que el máximo tribunal del país interviniera para investigar al gobernador poblano, ante las presuntas irregularidades en la detención y proceso contra Cacho Ribeiro, después de que se difundió la grabación de una conversación telefónica en la que presumiblemente se escucha al voz del gobernador poblano y del empresario Kamel Nacif Borge, quien demandó a la periodista y que al parecer utilizó sus relaciones para acelerar la acción penal en su contra.

La solicitud de los diputados y senadores fue entregada el pasado miércoles, e incluye también la petición de investigar a la procuradora general de Justicia de Puebla, Blanca Laura Villeda, así como a la juez de la causa Rosa Celia Pérez González, quien giró la orden de aprehensión contra la periodista, quien fue detenida el 16 de diciembre de 2005 por hacer referencia de Nacif Borge en su obra Los demonios del edén. El poder detrás de la pornografía infantil.

Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Junta de Coordinación Política -órgano de gobierno- de la Cámara, se extrañó ayer de esa notificación y dijo que son suficientes los indicios que presentaron a la Corte, y que lo que se requiere es voluntad jurídica de la SCJN.

"¿Qué exactamente quiere la Corte? ¿La confesional o qué? ¡Si lo que queremos es que investigue!", planteó en rueda de prensa el legislador del PRD.

Por su parte Marcela González Salas, presidenta de la Cámara de Diputados, adelantó que se pedirá a la periodista Lydia Cacho su colaboración para cubrir los elementos adicionales solicitados por la Corte.

También instruyó al área jurídica de la Cámara para recabar las pruebas o indicios pedidos por la Corte.