El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela, rechazó una petición que le hizo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que investigue la participación del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, en presuntas violaciones graves a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.

Mariano Azuela rechazó la petición con base en el artículo 97 de la Constitución que establece que la SCJN puede investigar violaciones graves a las garantías individuales de oficio o cuando se lo soliciten únicamente el jefe de gobierno del Distrito Federal, alguno de los gobernadores del país, el presidente de la República, la Cámara de Diputados o la de Senadores.

Los ministros de la SCJN están a la espera de que las cámaras de Diputados y Senadores le soliciten formalmente su intervención en este caso para poderse pronunciar sobre el tema, pues dichos órganos legislativos sí tienen atribuciones para solicitarles que creen una comisión investigadora.

La petición de los legisladores no obliga a la Corte a investigar este caso, pues es facultad exclusiva de los ministros decidir si investigan o no un asunto en el que se presumen violaciones graves a las garantías individuales, conforme explica el especialista en derecho constitucional Arturo Zaldivar.

En opinión del abogado la SCJN sí debe crear una comisión que investigue las presuntas violaciones a las garantías de Lydia Cacho, no sólo porque están en juego los derechos fundamentales de una periodista, sino porque en este caso particularmente grave está de por medio la credibilidad de la impartición de justicia en el país.

Arturo Zaldivar precisa que si bien los resultados de las investigaciones de la SCJN tan sólo tienen el valor de una opinión, en el nueva realidad que se vive en el país dicha opinión tiene tal valor que de ella depende el futuro del gobernador de Puebla y la protección de derechos como el de la libertad de expresión.

José Roldán Xopa, catedrático e investigador del área de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) no comparte esta visión, porque considera que la SCJN no debe aceptar investigar este caso, pues corre el riesgo asumir los costos políticos que no quieren aceptar los demás poderes.

A la Suprema Corte de Justicia, dice, debe acudirse sólo como última instancia, para evitar que se desgaste con temas políticos.

José Roldán asegura que antes de la Corte intervenga en asuntos de este tipo deben agotarse otras instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, quienes tienen a su cargo la investigación de violaciones a los derechos humanos y la comisión de delitos.

Ambos juristas coinciden en que de manera paralela a la investigación que realice la SCJN, si acepta hacerlo, el Congreso puede llevar a cabo un juicio político contra el gobernador Mario Marín, y la PGR una indagatoria penal en su contra.