La mañana del 15 de junio de 2004 José Luis Aguilar Licona, director de la Tesorería del gobierno del estado de Hidalgo, llegó a una sucursal bancaria en Pachuca para cobrar 12 cheques por un monto de 24 millones de pesos.

La transacción podría haber sido una más de las tantas que realizan entidades de gobierno si no hubiera sido por un detalle que llamó la atención de las autoridades hacendarias. Y es que lo extraño era que varios cheques estaban expedidos a nombre de diferentes políticos de la entidad, uno de ellos sin cargo en el gobierno del estado entonces encabezado por Manuel Ángel Núñez Soto.

Aguilar Licona solicitó que el dinero fuera enviado a las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal, dependencia titular de la cuenta bancaria que amparaba la transacción.

La operación fue catalogada como "inusual" por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debido a que el destino de los fondos no quedó del todo claro en virtud de que el argumento para el retiro del efectivo fue que serviría para el pago de terrenos a ejidatarios donde se construiría un aeropuerto.

La UIF emitió un reporte a la Procuraduría General de la República (PGR) en el cual señaló que la transacción tenía como "razones de inusualidad" el que estaban a nombre de "personas políticamente expuestas del estado de Hidalgo".

Documentos en poder de EL UNIVERSAL señalan que la descripción y montos quedaron registrados a nombre de los siguientes políticos: Laura Vargas Carrillo, esposa del actual gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, en aquel entonces directora del DIF y hoy presidenta de la institución, dos cheques por 2 millones de pesos cada uno; Gerardo González Espínola, en esa fecha coordinador de Administración de la Secretaría de Educación de la entidad y hoy secretario de Turismo, dos cheques también por 2 millones cada uno.

Otros de los destinatarios eran Nubia Mayorga Delgado, entonces directora de Ingresos y Egresos del gobierno de Núñez Soto y hoy titular de Finanzas de Osorio Chong, dos documentos por 2 millones cada uno; Marcial Alfredo Vargas Gómez, en ese momento oficial mayor, misma cantidad en igual número de cheques; Alberto Meléndez Apodaca, presidente municipal de Pachuca todavía en el cargo, misma cifra y número de cheques; y Aurelio Marín Huazo, secretario de Gobierno y hoy en el equipo del PRI del estado de México al lado del ex gobernador hidalguense Jesús Murillo Karam, igual cifra y número de documentos.

Este diario buscó a Mayorga Delgado en las últimas dos semanas para tener su versión de los hechos, al ser una de las principales señaladas en los documentos por su papel en el área de Finanzas de los gobiernos de Núñez Soto y Osorio Chong, pero no abrió espacio en su agenda para una entrevista.

En el informe de 41 páginas de la UIF se destaca que cuando los funcionarios bancarios cuestionaron al enviado del gobierno estatal cuál sería el destino de los recursos, éste contestó que era "para el pago de terrenos a ejidatarios para la construcción del aeropuerto de carga".

Lo que no quedó claro para la UIF es que tenía que ver el presidente municipal de Pachuca Meléndez Apodaca, ex secretario particular de Núñez Soto, así como un funcionario del área de Educación, González Espínola y la directora del DIF Vargas Carrillo, con operaciones financieras con fondos presuntamente destinados para el pago de tierras a ejidatarios.

Dos días después, el 17 de junio, apareció en el mismo banco José Luis Sánchez Rodríguez, ayudante de Mayorga Delgado, para cobrar tres cheques por un total de 5 millones 244 mil pesos a nombre de la funcionaria. Por esa transacción la UIF reportó desconocer el destino de los recursos. El mismo día se detectó otra operación "inusual" en la misma entidad financiera, esta vez por 11 millones 500 mil pesos que iban endosados en siete cheques a nombre de los siguientes funcionarios: Marín Huazo, dos documentos, uno por 2 millones de pesos y otro por un millón 500 mil; Meléndez Apodaca, dos cheques, uno por 2 millones y otro por un millón 500 mil; Mayorga Delgado, uno por un millón 500 mil; Tovar Gómez, uno por igual cantidad, y Vargas Carrillo otro por la misma cantidad.

Cuando las autoridades financieras de nueva cuenta cuestionaron sobre el destino de los recursos, la respuesta fue la misma: serían para el pago a ejidatarios propietarios de los terrenos donde se contemplaba la construcción del aeropuerto de carga.

La razón de la "inusualidad de las operaciones", que en tres días sumaron poco más de 40 millones de pesos en retiros, era que los personajes "políticamente expuestos" al momento de las transacciones ocupaban cargos en la administración local y municipal con responsabilidades administrativas ajenas a la compra de terrenos a ejidatarios. Esta responsabilidad recayó, oficialmente, en el Instituto de Vivienda del Estado de Hidalgo (INVIDAH).

De los políticos hidalguenses identificados como destinatarios de recursos del erario, de acuerdo a la documentación, sólo a Mayorga Delgado le fueron detectadas operaciones financieras "relevantes" en sus cuentas por arriba del salario que recibía como funcionaria del gobierno de Núñez Soto.

El reporte de análisis de operaciones UIF/PGR/190/2004 indica que la actual titular de Finanzas del gobierno de Osorio Chong tuvo depósitos en años anteriores en sus tres cuentas personales por un monto de 490 millones 801 mil pesos. Esta cantidad quedó registrada con diferentes bancos durante julio y agosto del año 2000.

Para el año 2002 y 2003 la funcionaria declaró que en salario y prestaciones su sueldo nominal promedio anual había sido de 273 mil pesos y 337 mil, respectivamente, según los reportes.

Vargas Carrillo, cónyuge del actual gobernador, declaró que durante el ejercicio fiscal del año 2003 como funcionaria del DIF estatal sus ingresos fueron por 278 mil 191 pesos, y durante 2002 por 267 mil 815. Estas cifras están muy por debajo de las cantidades de los cheques que la UIF reportó a su nombre en junio de 2004.