Las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda se instalaron en sesión permanente para aprobar, de acuerdo con los mismos senadores, este jueves, la Ley General de Transparencia.

Integrada por 203 artículos y transitorios, la Ley General de Transparencia culminaría con 24 meses de trabajo de organizaciones de la sociedad civil, académicos y legisladores.

Pese a los acuerdos, aún hay diferencias importantes que podrían provocar retrocesos, coincidieron académicos y expertos en la materia, como es el cerrar información sobre averiguaciones previas relacionadas con delitos de lesa humanidad. Esto impactaría en casos como los de Ayotzinapa o Tlatlaya.

Se prevé que sea este jueves cuando se apruebe un dictamen por parte de los legisladores y aunque ya hay un consenso generalizado de las principales fuerzas políticas, aún existen tres temas que causan divergencias: seguridad nacional, derechos humanos, por violación grave a los mismos, y averiguaciones previas.

Pablo Escudero, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente de la Comisión Anticorrupción, afirmó que prácticamente se allanaron todas las diferencias que existían entre los grupos parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil y entidades gubernamentales como el Banco de México.

Cristina Díaz Salazar, del PRI, citó los tres temas que aún no consiguen un total acuerdo, pero dijo que existe la intención de tener un dictamen mañana y votarlo.

La senadora Laura Rojas, del PAN, afirmó que incluso este dictamen se podría votar no sólo en comisiones, sino también en el pleno del Senado el mismo jueves, podría tener un “final feliz” después de 24 meses de trabajo.

Por su parte, el senador Alejandro Encinas mencionó que gracias a las audiencias se pudo identificar y precisar los diferendos.

“Creo que se ha reencauzado bien el proceso de análisis y dictamen de la iniciativa de ley general de acceso a la información, que fue el resultado de un trabajo colectivo dentro del Senado con la participación de distintos representantes de organizaciones civiles, de la academia y de instituciones públicas”, dijo.

Los senadores también informaron que se lograron acuerdos con el Banco de México para procurar una redacción que evite cerrar información cuando ésta pudiera provocar “inestabilidad económica”.

Alertaron de posibles retrocesos

Académicos, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) lanzaron en conjunto un llamado al Congreso de la Unión para evitar retrocesos en la Ley General de Transparencia.

La ley debió aprobarse por los legisladores el pasado 7 de febrero, fecha cuando se llegaba al límite ordenado por el artículo sexto constitucional para que todos los niveles de gobierno cumplieran con el Derecho de Acceso a la Información.

Antes de las audiencias que se llevaron a cabo la semana pasada existían ocho preocupaciones expresadas en conjunto por los expertos en materia de transparencia, después de darse a conocer las modificaciones propuestas por diversos grupos parlamentarios con relación a la iniciativa presentada el pasado 1 de diciembre de 2014.

Entre los riesgos se encontraba el no hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, cerrar información relacionada con las cancelaciones y condonaciones de impuestos y desaparecer las obligaciones de transparencia sobre hidrocarburos, entre otros.

La lista completa puede observarse en la infografía que se adjunta en esta información.

Una ley con muchos cambios

Las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, son las encargadas del proceso de dictaminación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

Las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate, fueron invitadas a elaborar junto con los secretarios técnicos de las comisiones antes citadas, un proyecto de ley que pudiera ser discutido entre los legisladores.

Después de más de 250 horas de redacción, el proyecto logró un amplio consenso entre ambas partes (sociedad civil y legisladores), pero el día en que se presentó la iniciativa de ley, el pasado 1 de diciembre de 2014, se incluyeron varios cambios de última hora que iban más en el sentido de no abrir la información.

Además, diversos actores solicitaron que se incluyeran otras modificaciones. Estas fueron de los representantes del Banco de México, del Poder Ejecutivo, así como de otros organismos públicos y grupos parlamentarios del mismo Senado de la República.

Después de hacerse pública la información, los expertos consideraron que había más riesgos y retrocesos que avances en la propuesta original.

Una norma muy exhaustiva

María Marván Laborde, ex comisionada presidenta del IFAI, consideró a la iniciativa de Ley General de Transparencia, como una norma de avanzada, pero demasiado exhaustiva, lo cual podría generar riesgos: “Vamos a tener que vivir con la Ley General y la Ley Federal. Una ley general muy exhaustiva, que describe lo mismo a las secretarías del Estado, que al municipio de Jalisco. De ahí se deriva una gran complejidad y el problema de una ley exhaustiva, cuando una ley es compleja y difícil de implementar, lejos de ganar, podemos perder. A lo imposible nadie está obligado y será muy fácil decir ‘yo no puedo cumplir con todo esto que me pides y por eso no cumplo con nada’”, explicó.

Aunque esto es un posible riesgo, también considera que hay avances que permitirían que el máximo órgano de transparencia ordene a que los entes cumplan con transparentar cada peso o recurso público utilizado.

“El IFAI tendrá que desarrollar las mejores herramientas posibles para vigilar quién está cumpliendo con las cosas. Cuando inició el instituto teníamos como obligación revisar las obligaciones de transparencia de las entidades y se hacían revisiones periódicas. Lo que se decidió fue hacer públicas las calificaciones de cada entidad.

“Cuando las dependencias se saben revisadas, se apuran y hacen las cosas bien. Finalmente, sí hay un trabajo en poner la información a disposición del público”, dijo.

Un componente nuevo en esta Ley General de Transparencia es que partidos, sindicatos y fideicomisos deberán transparentar de manera directa su información.

En el caso de los partidos, Marván Laborde, también ex consejera del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), explica: “Los partidos van a ser conscientes de que ellos serán los responsables de entregar la información y vamos a ganar tiempo como ciudadanos al hacer una solicitud de información. Una de las preocupaciones del actual Instituto Nacional Electoral (INE) es que cuando no entregan información, el que carga con la negativa o con el costo político de no entregar la información es el INE, cuando en realidad es información propia de los partidos políticos”, concluyó.

Quieren meter regresiones

Gabriela Morales, coordinadora nacional de México Infórmate y una de las integrantes del grupo redactor que comenzó desde el año pasado a elaborar la iniciativa de la Ley General de Transparencia, detalló que fue un proceso complicado pero siempre se promovió que fuera un proceso transparente, a diferencia de las últimas semanas cuando se incorporaron ciertos retrocesos.

“Esto generó mucha incertidumbre con relación al proceso y fue demanda de toda la sociedad que se abriera y se hicieran audiencias públicas. Yo participé en representación de México Infórmate y estuvimos todos los días en el Senado de la República durante más de tres meses trabajando con los coordinadores para que esta iniciativa tuviera los más altos estándares”, detalló.

“La iniciativa que se presentó no es la ideal, porque incorporaron una noche antes disposiciones que no se acordaron, como la reserva de información por estabilidad económica, donde se engloba casi todo. La iniciativa del 1 de diciembre no es la más ideal, pues no es la que avaló el grupo redactor”, detalló.

“Uno de los temas más preocupantes es que se pretendía eliminar la excepción de reservar información por violaciones graves a derechos humanos. Esto es un retroceso fuerte porque eso quedó superado desde la reforma Constitucional y en la Ley Federal de Transparencia, en 2002”, precisó Morales.

La importancia de la Ley General de Transparencia pareciera que no se ve, pero es tan importante por esta razón: “La Ley General es el paraguas, porque baja hasta el nivel municipal y toca a todos los sujetos obligados. La Ley Federal sólo regula a los sujetos obligados a nivel federal. Las leyes locales seguirían. Las 32 entidades tendrían que adecuarse a la Ley General”, explicó.

jram