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Organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la protección de la niñez condenaron que el Estado mexicano no haya asumido los compromisos adquiridos en la Convención de los Derechos de los Niños, ratificada por México en 1990.

Argumentaron que si bien la expedición de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es un gran paso, aún está muy lejos de responder a los términos de las responsabilidades y recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

En el marco del segundo día de comparecencia de México ante el organismo internacional, en Ginebra, Suiza, lamentaron que la iniciativa, que intenta responder al comité frente a la sugerencia de crear un marco normativo adecuado para garantizar los derechos de los menores, venga acompañada por un “presupuesto cero”.

En esa sesión, la Procuraduría General de la República (PGR) aceptó ante dicha instancia internacional, que tres mil 667 menores de 18 años se encuentran desaparecidos de un total de nueve mil 700 personas en esa circunstancia. De esos niños, niñas y adolescentes la mayoría son mujeres y 56% tiene entre 15 y 17 años de edad.

Los integrantes del comité adelantaron que habrá recomendaciones para jornaleros, desplazados internos y primera infancia, temas que se abordaron en este ejercicio. Se prevé que a finales de mes o a inicios del próximo se publiquen las nuevas observaciones.

Durante la sesión, los especialistas también cuestionaron los limitados alcances de la educación inclusiva en México. La representación del Estado mexicano reconoció el reto educativo en la atención a diversas situaciones y contextos en búsqueda de equidad.

La SEP estableció como obligación de la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente, el acceso a anticonceptivos.

Se mencionaron los casos de las casas hogar “Casitas del Sur” y el de “Mama Rosa”, las que, se dijo, estaban fuera de toda regulación.

La mención de niños, niñas y adolescentes migrantes, desaparecidos y víctimas de la violencia fue una preocupación mostrada en los reiterados comentarios del comité.

La delegación mexicana, que representó al Estado en su conjunto y fue encabezada por Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería mexicana, presentó su cuarto y quinto informe consolidado respecto al cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño.

Por medio de un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que el comité reconoció la trascendencia de la aprobación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes como un parteaguas en materia de protección. Asimismo, apuntó que esta legislación permitirá coordinar y desarrollar transversalmente el conjunto de derechos y las garantías de protección en favor de la infancia.

“No hay esfuerzos a la altura”

En conferencia por separado, Alfonso Poiré Castañeda, de Save the Children dijo que México no ha hecho un esfuerzo a la altura de las necesidades de la infancia y que la ley de protección a la niñez sólo es el punto de partida de lo que falta por hacer en todos los niveles de gobierno.

“Una ley que pretenda cambiar la situación de las niñas, niños y adolescentes no puede venir acompañada de un dictamen de costo presupuestal cero porque significa que no hay voluntad política, de hacer nada en favor de la infancia”, advirtió.

Por su parte, desde Ginebra, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), dijo que alrededor de 50% de los cuestionamientos realizados por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU no fueron respondidos por la delegación mexicana, encabezada por la directora del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Laura Vargas, y por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo.

Comentó que miembros del Comité demandaron información sobre la ruta crítica y el monto del presupuesto con el que se apoyaría la implementación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En respuesta, Gómez Robledo ofreció enviar este reporte por escrito a los expertos en un plazo no mayor de 48 horas.

Aidé García, de Católicas por el Derecho a Decidir, dijo que se debe poner especial atención los temas de violencia sexual, trata y explotación.