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CIDH exige iniciar medidas cautelares para Nestora Salgado

Vania Pigeonutt Corresponsal| El Universal
Martes 03 de febrero de 2015
Demandan que la mujer siga su proceso penal en libertadAdvierten que es necesario que la inculpada reciba atención médica

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Chilpancingo, Gro.— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio un plazo de 15 días al gobierno federal para que se inicie la implementación de las medidas cautelares para Nestora Salgado García, líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, presa en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, entre éstas, que siga su proceso en libertad.

Alejandra Gonza, de la clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, Washington, en cuyo estado norteamericano vivió Salgado García, lamentó que el gobierno del estado de Guerrero no se haya desistido de la acción penal contra la mujer, quien solamente enfrenta delitos del fuero común.

Ello, a pesar de que hay equipos a nivel internacional y nacional que avalan la inocencia de la coordinadora de la Policía Comunitaria y han realizado análisis a los expedientes hechos por el mismo gobierno mexicano en torno al caso.

Salgado García tuvo un accidente que la dejó cuadrapléjica, explicó Gonza, razón por la que es necesario que reciba atención médica, porque aunque ya se recuperó parcialmente, aún necesita medicamentos que ha dejado de recibir desde hace 18 meses que está de “manera irregular” en una cárcel federal.

Dijo que el Estado debe garantizarle “unos estudios específicos, explicado que no tiene por qué estar recluida en un penal federal, cuando sus delitos son del fuero ordinario”, explicó en comunicación telefónica la norteamericana.

Confió que el gobierno de México cite a una reunión lo antes posible para que se inicie la implementación de las medidas cautelares, que entre otros temas, exige la atención médica permanente, así como estudios especializados con doctores seleccionados por sus abogados, y con representantes del equipo internacional anexos a la CIDH y su familia, mientras continúa con su proceso.

Además, se solicitará su libertad, por las condiciones que enfrenta.

El 8 de enero, el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez solicitó al fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz el desistimiento de la acción penal a favor de “la solicitud hecha al fiscal Godínez Muñoz que está dentro de la facultad exclusiva del Ministerio Público”; sin embargo, éste argumentó que no había condiciones jurídicas para el desistimiento.

La abogada Gonza lamentó que a 18 meses de recluida en el penal federal por delitos del fuero común —es acusada de secuestro agravado— y a un año que el equipo de abogados pidió a México que la salud de la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) se atienda, no lo han conseguido. Los abogados no han tenido acceso suficiente a su defendida y en el penal la tienen aislada, señalan los defensores.



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