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"Ejército podría vigilar aplicación de examen que evaluará a maestros"

Mariana León| El Universal
Viernes 13 de marzo de 2015


EVALUACIÓN. Este año se realizará, por primera vez, el examen de permanencia en el servicio profesional docente en todo el país. (Foto: JORGE RÍOS / EL UNIVERSAL )

Es necesario garantizar la seguridad en el avance del servicio profesional docente, dice

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) no descarta utilizar un protocolo de seguridad con el Ejército Mexicano y fuerzas federales para resguardar la aplicación del examen que evaluará el desempeño de los docentes.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ramiro Álvarez Retana, coordinador nacional del Servicio Profesional Docente, afirma que —como se hiciera en julio pasado con los exámenes de ingreso—, se podría aplicar un protocolo de vigilancia para garantizar que las pruebas transcurran en un “marco de seguridad”.

Comenta que “debemos garantizar que el avance del servicio profesional docente se dé en un marco de condiciones de seguridad para quienes participen en estos procesos y, de acuerdo como se vayan presentando los hechos, iremos construyendo las estrategias que hagan posible el ejercicio”.

Este año se realizará, por primera vez, el examen de permanencia en el servicio profesional docente en todo el país. Esto determinará si los maestros tienen los conocimientos y habilidades para seguir impartiendo clases y conservar su puesto de trabajo.

Profesores en Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca han advertido que no permitirán ser evaluados y quemarán los paquetes con los exámenes en cuanto lleguen a sus entidades.

Sobre el rechazo que han expresado docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) hacia la reforma educativa comenta: “Las cuestiones laborales han atentado contra el interés supremo de los niños, que es una educación de calidad. Debemos sacar de la escuela estos intereses para tener a los mejores maestros”.

Respecto a los acuerdos que se han tenido entre los magisterios disidentes y la Secretaría de Gobernación (Segob), el funcionario de la SEP afirma que ellos no conocen el contenido de estos documentos, pero hasta ahora ningún profesor ha sido incluido a las nóminas conciliadas a nivel federal.

“En los trabajos que hemos tenido con autoridades educativas no hay evidencia de que esos movimientos hayan llegado para efectos de pago en la nómina, en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone)”, explica.

A partir de septiembre comenzará el primer bloque de evaluación de profesores de la educación básica, que asciende a 1 millón 196 mil trabajadores, mientras que en la educación media superior son 156 mil docentes.

Hay maestros en estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas que han dicho que en cuanto lleguen las cajas con los exámenes las van a quemar, ¿qué se puede hacer ante este escenario?

—La reforma educativa avanza en las 32 entidades federativas, quienes participan en los procesos de evaluación han tenido un resultado idóneo, particularmente en estas entidades, y respecto a algún probable hecho como éste, somos responsables de seguir garantizando que avance el servicio profesional docente, en un marco con todas las condiciones de seguridad para quienes participen en estos procesos.

De ahí que de acuerdo con estos hechos, particularmente en estas entidades federativas, iremos construyendo las estrategias que hagan posible el ejercicio de los derechos de quienes tienen la obligación de participar. Las cosas van avanzando, en la educación media superior hubo concursos para la promoción a cargos de director y se llevaron a cabo en los estados de Oaxaca y Guerrero en el mes de enero, se debe avanzar con diversas estrategias de acuerdo con las condiciones que se vayan dando.

Pero para resguardar la integridad de quienes participan en la evaluación, ¿se podría pensar en aplicar un protocolo donde participen el Ejército y la Policía Federal?

—Aquí estaremos construyendo la estrategia de acuerdo con las condiciones que se presenten en cada entidad. Lo que pasó en el mes de julio es que teníamos salvaguardado en todo el país, con protección federal y el Ejército, el material impreso. Al no haber condiciones para esto, se llevó a cabo en el Distrito Federal. Esa fue la estrategia, por lo tanto, dependiendo de las condiciones que se vayan presentado construiremos las estrategias que garanticen el ejercicio de los derechos que correspondan a cada uno de los sustentantes.

¿La SEP está lista para cuando los maestros cierren las puertas de las aulas y les digan ‘no voy a tomar el examen’?

—Este no es sólo un planteamiento de la SEP, es de todas las autoridades educativas. A veces hemos tenido la impresión de que el maestro no está de acuerdo en evaluarse, a estas alturas no compartiría esto. La acción de la evaluación docente es permanecer en el sistema educativo. Aquí lo que tenemos que hacer es revisar qué ha pasado con los resultados de la evaluación. Pero entre sus alcances está el reconocer nuestras debilidades para ser mejores. Uno de los propósitos no sólo es buscar la idoneidad de los docentes, sino que puedan desarrollarse profesionalmente. El docente tiene que ser apoyado, así está previsto el alcance de cada uno de los procesos.

Cuando se evalúa a los maestros directamente y se niegan a presentar el examen, ¿es posible que haya un enfrentamiento?

—La evaluación del desempeño es una obligación. En ese sentido las convocatorias inicialmente están referidas a este tipo de procesos y avanzaremos en este esquema y tenemos un ambiente de interés y expectativa. Se ha avanzado con la publicación del programa de evaluación al desempeño, donde ya hay fechas.

Uno de los pilares de la reforma educativa es que el otorgamiento de plazas y de promociones sea por concurso, pero el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación dio a conocer que en Oaxaca todavía se condiciona a la participación en las movilizaciones de la CNTE, ¿no violenta la reforma?

—Así como lo hizo el INEE, también la SEP —porque se generó información con respecto a un concurso de promoción— requirió oficialmente a la autoridad educativa del estado de Oaxaca que aportara los elementos, porque la ley prevé que cuando no existen sustentantes en la lista de prelación —que es el caso de los directivos— se podían hacer designaciones temporales hasta el término del ciclo escolar. Lo que se estableció por parte de la SEP y del INEE fue conocer del hecho. Hoy el proceso ha quedado sin efecto.

¿Qué opinión tiene de las negociaciones que se han hecho entre la CNTE, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y la Segob sobre la promoción y el derecho a plazas docentes?

—Nosotros no hemos participado de las mismas. Pero tenemos la claridad de la observancia que se debe dar según lo dispuesto en la Ley General de Servicio Profesional Docente en materia de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. Todo se tiene que concretar con movimientos de personal que formalicen eso que muchas veces se dice. Hasta ahora, en los trabajos que hemos tenido con autoridades educativas, no tenemos evidencia de que esos movimientos hayan llegado para efectos de pago en la nómina, en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone).

¿Y que pasaría si Gobernación llega a reconocer estas plazas?

—El contenido de la ley no se negocia. Dice la reforma al texto constitucional que da origen al servicio profesional docente: “Serán nulos todos los nombramientos que se formalicen al margen de la ley”. Y la nulidad no prescribe.

¿No consideraría que, por los movimientos que se dan en estos estados, está en riesgo la reforma?

—El Servicio Profesional Docente es el programa que permite enfrentar las irregularidades históricas que se presentan en el campo de la educación. Esto todos lo tenemos que reconocer y se tienen que enfrentar todos estos hechos y los escenarios que se están viviendo en ese sentido, pero lo que se busca es lograr que lleguen los mejores profesores a la aulas.



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