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Técpan de Galeana, Guerrero.- Las camionetas pick-up de la Policía Federal, con las que uno se cruza constantemente en la carretera 51 —la frontera norte del Pentágono de la Amapola— recuerdan que a pesar de los asesinatos y secuestros, de la corrupción gubernamental y de la poca acción de las fuerzas del Estado, las autoridades todavía tienen ánimos de hacer sentir su presencia en las partes bajas de Tierra Caliente, donde las rutas están pavimentadas y se nota la cercanía del río Balsas.

La historia en la parte alta de la Sierra Madre es muy diferente. O eso dicen sus habitantes, quienes agregan que del gobierno, en sus distintas formas de presencia, escuchan cada vez menos. “Nos andan levantando a familias enteras”, denuncia en Chilpancingo un comisario ejidal que ha bajado a la capital a pedir ayuda. Dice que “los muertos son un número que ya no se puede contar porque ha habido muchos, va a pasar lo mismo que en Iguala [cuando desaparecieron 43 normalistas en septiembre pasado] porque todos los lugares tienen fosas clandestinas”. A nivel social, lo que describe este hombre de menos de 60 años es un desastre: “Los niños no tienen clases, a las mujeres no les llega Progresa [programa de asistencia social federal] y los ingenieros no pueden entrar a revisar los caminos porque otras veces ya los han agarrado [los delincuentes]. Además, el comercio ya no llega porque les quitan todo. También se han ido los doctores, y si tenemos un enfermo no lo podemos sacar. Todo está tirado porque ya no hay confianza para que suban los encargados del gobierno, por los caminos de herradura [donde pasan caballos] ya no se puede subir”.

En Técpan, en la Costa Grande guerrerense, dos albergues improvisados alojan a cientos de familias que han tenido que escapar de sus comunidades serranas abandonando las parcelas, hogares y sus muertos. El 21 de febrero de 2014, recuerda Nicolás Oyorzábal López, antiguo habitante de la población Linda Vista, “llegó gente desconocida a atacarnos las casas. Estaba la balacera muy dura”. Como la gente se refugió en la iglesia, los agresores aprovecharon para robar. Mataron a tres jóvenes: “Uno fue quemado vivo. Y dos por ir corriendo, quererse salir al monte, ya no alcanzaron a salir, los balearon”.

Los 165 antiguos habitantes de la comunidad de Las Mesas II, del Ejido de San Juan Tehuehuetla, están refugiados en cabañas construidas con madera que les regalaron tecpanenses solidarios, después de haber sido expulsados dos veces. La primera fue el 9 de agosto de 2013. Ese día, recuerda Isidro Uriostegui, comisariado ejidal, “rodearon la comunidad y fue una cosa de tanta, tanta bala que tiraron. La comunidad se defendió con lo que pudo, con sus armitas [calibre] .22”. Agrega que los atacantes se confiaron y por eso “salió una poca de familia y otra poca después”. Pero, al final, “agarraron a dos señoras y a una joven. Las tuvieron como un mes pero el Ejército se les echó encima y se las quitó”.

Lo que consideran como una tardía ayuda militar, sin embargo, no les sirve ahora. Intentaron regresar en enero de 2014 sólo para recibir amenazas que los obligaron a marcharse de nuevo, en abril. Quisieron pedir ayuda, “al menos para sacar lo que quedaba allí, los animalitos, que nos dieran seguridad”. En la base del Ejército en el Tecuil, municipio de Atoyac, les dijeron que no les tocaba esa área.

El paisaje de la ausencia

Dicen que el jaguar ha vuelto a estos lares. Y el venado. Los pastizales que se elevan por encima de las frágiles alambradas, y que se extienden hasta confundirse con las matas de las cumbres, revelan el prolongado abandono. No hay ganado: murió antes de que la ausencia humana permitiera el retorno de la vida salvaje.

Aquí y allá, semiocultos por la maleza, se asoman los pueblos fantasma. Como La Ciénega, que tenía unas 60 casas pero perdió muchas porque se han derrumbado, por los incendios provocados y por la invasión de la naturaleza. Dentro de lo que parece haber sido una sala, un muchacho que acompaña a los reporteros encuentra pequeños y deliciosos tomates. También maracuyás. En el patio hay limones y plátanos. Es una tierra generosamente fértil.

Este límite también marca la zona hasta donde uno puede subir en la Sierra Madre por su vertiente sur, que cae hasta la Costa Grande. Adentrarse más implica poner en riesgo la vida. Kilómetros atrás, por el camino de terracería que trepa desde el pueblo de San Luis de la Loma, al ver a los periodistas tres agentes de la Policía Federal quitaron los seguros de sus fusiles de asalto Galil, calibre .223 —los preferidos por las fuerzas armadas israelíes— y adoptaron actitud de alerta. Saben que, hasta aquí, hay una posibilidad moderada de conflicto. Para avanzar más, rumbo a poblaciones como Alcaparrosa, La Sombra, El Porvenir y El Pantano, los habitantes dicen que sólo se puede con el acompañamiento del Ejército”.

El patio de la primaria Plan de San Luis está protegido por un enorme y frondoso árbol, llamado parota en la región y huanacaxtle en el centro del país. La seguridad que ofrece es ficticia: los alumnos no la disfrutan más porque el plantel lleva tres años abandonado. Una máquina de escribir tirada entre mesabancos llenos de polvo lo constata. A 500 metros, el jardín de niños Moctezuma Ilhuicamina tiene nuevas dueñas: avispas que lo han llenado de panales. Sobre el suelo hay actas de nacimiento parcialmente quemadas, todas de este siglo.

Las historias tristes se suceden: en el caserío de El Cualotal, los asesinos fueron tocando cada puerta para disparar contra quien abría. Augusto Soberanis, un fanático del equipo América de 30 años, murió desangrándose contra el águila que pintó en la entrada. En El Guamilito, a José García lo hallaron ordeñando sus vacas, se lo llevaron al monte y lo ejecutaron.

Los atacantes eran sicarios. Pero no en todos los casos. La Comisión de Derechos Humanos del estado tiene una denuncia contra soldados del 19 Batallón, que tenía base en Petatlán, porque el 1 de septiembre de 2012 una partida militar habría sacado a cuatro menores —uno en silla de ruedas— y dos adultos de una fiesta en El Tule. Los cuerpos aparecieron en un paraje.

El infortunio del desplazado

De La Ciénega para abajo “las cosas están ya más calmadas”, dice Leopoldo Soberanis, un ingeniero reposado y afable que parece preocuparse por cada ser viviente. Sus enemigos, que los tiene, lo acusan de ser la cara pública de la pandilla local, Los Granados. Él se presenta como activista de una organización de desarrollo y de otra de derechos humanos. En junio de 2013 encabezó a cientos de habitantes que bloquearon la carretera 200 durante 30 horas en demanda de mayor seguridad. Tras la visita de funcionarios estatales, la Secretaría de Marina estableció retenes que reemplazaron los del 19 Batallón, el mismo al que Soberanis acusaba de complicidad con Los Caballeros Templarios y que, en marzo de 2014, fue reemplazado por el 75 Batallón.

Versiones de prensa señalan que meses antes, en septiembre de 2013, Los Granados pactaron una alianza con su enemigo de antaño, el cacique de Petatlán, Rogaciano Alba, al servicio del cártel de Sinaloa, y con el cártel Jalisco Nueva Generación, para detener la fuerte ofensiva con la que templarios se estaba apoderando de la Costa Grande.

En la sierra, afirma Soberanis, querían crear un estado de pánico para que se marcharan los pobladores y asumir el control pleno: “Ya la mayoría de esas poblaciones están totalmente vacías. Sólo se quedan los más humildes, que no tienen de otra, y se tienen que someter a los lineamientos que les establecen los grupos delictivos”.

Aunque el gobierno estatal reconoció 2 mil 897 desplazados entre enero de 2013 y julio de 2014, la agencia de noticias Quadratín concluyó que “la cifra supera casi al doble a la indicada en el informe oficial”. Sólo en el municipio de San Miguel Totolapan, mencionó los casos de las comunidades de El Guayabo, El Terrero y Villa Hidalgo El Cubo, donde 631 personas fueron desplazadas el 17 de julio de 2013. También el de Las Mesas II, con 276 personas en tres eventos entre 2013 y 2014. Y Linda Vista, con 439 personas en tres eventos en 2014. A eso hay que agregar los 468 desplazados de otras poblaciones, lo que da un total municipal de mil 714 en esos dos años.

Desplazados de Linda Vista y de Tehuehuetla coinciden en que ya no desean regresar a sus comunidades, sino ser reubicados. Uriostegui dice que al gobierno no le interesa la seguridad, pues si fuera de otra forma “arreglaría rápido todo”.

En Chilpancingo, el comisario ejidal que teme dar su nombre y el de su comunidad —“porque ahí nos estamos tratando de organizar pero no tenemos con qué defendernos”—, sí desea regresar al sitio de donde salió a escondidas, cruzando el campo, dado que los caminos de terracería están bajo control de la delincuencia. Sus dos acompañantes no quisieron entrar en la ciudad por miedo a ser reconocidos. Pero él mantiene la esperanza de que el gobierno del estado se comprometa a ayudar a su gente. Dice que el alcalde, Saúl Beltrán, “no está puesto por la ciudadanía, está puesto por la delincuencia organizada”. Y que las fuerzas federales “dicen que están en el municipio de San Miguel Totolapan, pero ahí están estancados nomás [en la cabecera], por la sierra no suben”.

jram