Tras rechazar para su discusión en lo particular las 27 reservas presentadas  por algunos legisladores y tras una larga discusión, el pleno de la Cámara de Senadores avaló esta noche en lo general y lo particular la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se turna a la Cámara de Diputados.

En votación económica fueron desechadas todas las reservas presentadas pese a que algunas proponían incluir la apertura total para investigaciones de delitos graves, de lesa humanidad, de agresiones a periodistas, o apertura total a todos los órganos gubernamentales y autónomos de todos los niveles de gobierno y todos los poderes del Estado, fondos o fideicomisos.

Previamente, el dictamen fue aprobado en lo general con 110 votos a favor, uno en contra  del senador del PT Manuel Bartlett y una abstención del también petista David Monreal.

Durante la discusión en lo general los senadores Javier Corral Jurado (PAN) y Alejandro Encinas destacaron que hubo intentos de frenar los avances desde la presidencia de la República pero manifestaron su voto en pro del dictamen.

Aún así, Corral denunció la inclusión del artículo 13 transitorio “que diluye el cumplimiento de las obligaciones de transparencia para el Congreso de la Unión” pues se da un plazo al 30 de agosto para que las Cámaras de Diputados y Senadores presenten programa de reordenación administrativa contable y financiera.

Según ese transitorio, propuesto por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) –que integran los grupos parlamentarios-  las nuevas obligaciones del Congreso en materia de transparencia “se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización administrativa”.

Esto podría ser en dos o tres años o nunca, alertó el panista.

“Esto lo único que confirma es el desaseo contable, administrativo y financiero con que se manejan en el Congreso los recursos“, agregó.

Pero durante más de cuatro horas  todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República –salvo el PT- coincidieron en que la Ley aprobada permitirá a los ciudadanos pleno acceso a la información como ordena la Constitución.

Con ella los ciudadanos tendrán derecho a acceder a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes, así como órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.

La ley establece que sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional.

Además se garantizó que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esteì relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, como establece el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

En la discusión los senadores de izquierda hicieron énfasis en que el sector energético está en la opacidad.

Se refirieron a ello el senador Manuel Bartlett, del PT, quien votó en contra y advirtió que la ley no ayudará a transparentar al sector, pues la Ley de Hidrocarburos no prevé ninguna reserva, sino completa confidencialidad,  y Dolores Padierna, del PRD, quien estuvo a favor y consideró que la nueva ley podría permitir apertura.

“La reforma energética privatizadora contempla entregar el manejo de una gran cantidad de hidrocarburos a particulares; ello implica la necesidad de transparentar las decisiones que tome el gobierno sobre todo el proceso de privatización y que su implementación sea objeto de la mayor transparencia, cosa que no está sucediendo”, advirtió Padierna.

La Secretaría de Energía decidió ocultar por 5 años los nombres de las empresas interesadas en la Ronda Uno, “está violando todas las disposiciones de transparencia establecidos en la leyes energéticas;  de ahí la enorme importancia de esta Ley, cuyo artículo 70 obliga a que como los demás entes esté obligadas a dar a conocer los nombres de las empresas y sus accionistas apenas se promulgue”.

Ocultar los nombres de las empresas se presta a tráfico de influencias, actos de corrupción entre funcionarios públicos y los particulares o a que puedan llegar a acuerdos para favorecer con contratos a determinados privados que favorezcan a grupos específicos de interés, advirtió Padierna.

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