El PRD advirtió que el dictamen de reformas constitucionales en materia de movilidad aprobado la víspera en la Cámara de Diputados "es social y políticamente irresponsable, e incluso peligroso para la convivencia democrática", pues podría reabrir un ciclo de censura y represión "de incalculables consecuencias".

Por eso la dirigencia perredista exhortó al Senado de la República a no avalar el dictamen y frenar la intención de limitar el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y manifestación.

En un pronunciamiento emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD (CEN) , la dirigencia perredista expresó su "absoluto rechazo a cualquier intento por restaurar un régimen autoritario" en México y consideró que las reformas podrían abrir esa ruta.

De concretarse los cambios constitucionales, alertó, "abrirían el capítulo de la persecución y criminalización de la lucha social" como ya sucede en diversos estados de la República.

"Es un error social y político porque dicha reglamentación colocaría a la sociedad mexicana ante el riesgo de que cualquier manifestación pacífica sea valorada por el gobierno como violatoria a la movilidad ciudadana, y con tal pretexto emplear la fuerza policiaca, y la represión legalizada.

"Hemos dicho que la inconformidad actual de amplios grupos sociales, en especial el juvenil, no se resolverá con la mano dura. Este método puede poner al país en su conjunto en una vorágine de crecientemente (sic) protestas", alertó el CEN.

De manera paralela pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que acompañe todas las manifestaciones públicas para constatar in situ el libre ejercicio de ese derecho constitucional y propuso "adelantar el nombramiento" del Fiscal General de la República por parte del Congreso de la Unión para que se haga cargo de las investigaciones sobre los 43 normalistas desaparecidos y de prioridad a su localización.