El director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo el viernes que si es cierto el testimonio de una madre que dice que su hija fue asesinada por el Ejército mexicano en un incidente ocurrido a finales de junio que dejó a 21 muertos más, "nos encontraríamos frente a una de las más graves masacres ocurridas en México" .

"Es muy importante que mantengamos la presión sobre las autoridades para que pronto produzcan la información para que sea examinada por el público en México" , dijo Vivanco a The Associated Press, mientras en la víspera la Comisión de Derechos Humanos dijo que investiga las circunstancias en las que ocurrió el presunto enfrentamiento entre el ejército y un supuesto grupo de narcotraficantes.

"Abrimos una investigación y estamos analizando el caso para determinar qué sucedió realmente" , dijo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Plascencia.

El jueves la AP reveló que una mujer dijo que vio a un grupo de soldados asesinar a tiros a su hija de 15 años pese a que la adolescente yacía herida en el suelo. Otras 20 personas fueron muertas a tiros después de haberse rendido, dijo la mujer y que un joven murió previamente en el choque con los soldados.

El gobierno ha dicho que todos murieron durante un tiroteo feroz durante un enfrentamiento ocurrido en la mañana del 30 de junio. Esa versión fue puesta en duda pues de los soldados sólo resultó herido un soldado, y las evidencias físicas en el lugar apuntan a que hubo un asesinato selectivo y colectivo.

La testigo dijo que el ejército le disparó primero al grupo armado que se encontraba en una bodega. Dijo que un hombre armado murió en ese primer tiroteo y que otro, miembro de la presunta banda de narcos, y su hija adolescente, quedaron heridos.

El resto de los hombres se rindieron con la promesa de que su integridad física fuera respetada, dijo la testigo que habló bajo condición de anonimato porque teme por su vida y que dijo que se está poniendo a sí misma en peligro por hablar del tema.

Dijo, además, que quiere salir del país y cuando se le preguntó por qué decidió hablar, dijo que debido a su ira. "Pues sí, la verdad, por lo que hicieron los militares. Eso no se vale. Según ellos están para protegernos, no están para matar tanta gente" .

Luego de la rendición la adolescente Erika Gómez González yacía boca abajo en el suelo, con un balazo en una rodilla. Los soldados le dieron la vuelta al cuerpo aún con vida y le dispararon más de media docena de veces en el pecho antes de ser puesta nuevamente boca abajo, afirmó la madre.

El hombre herido en el tiroteo inicial, que yacía al lado de Erika Gómez, corrió con la misma suerte. "Un militar lo paró al muchacho y lo mató" , dijo la mujer que afirmó que había ido a la bodega la noche anterior a rescatar su hija del presunto grupo criminal al que aparentemente se había unido.

Los soldados interrogaron al resto de los miembros de la banda al frente de la bodega, adonde habían salido con las manos en la nuca, y luego los llevaron a su interior de uno en uno, dijo la testigo.

Desde donde estaba viendo, justo fuera de la bodega y bajo custodia del ejército, la mujer oyó los disparos y los gemidos de los moribundos.

Una semana después de la muerte de los 22, reporteros de The Associated Press visitaron y tomaron fotos de la bodega donde fueron encontrados los cuerpos y encontraron poca evidencia de que hubiera ocurrido un prolongado tiroteo.

Había pocas marcas de disparos y ningún casquillo de bala.

Al menos en cinco lugares de las paredes interiores aparecía un mismo patrón: una o dos marcas de balas rodeadas por salpicaduras de sangre, lo que da la apariencia de que algunos de los muertos fueron puestos de pie, arrinconados contra la pared, antes de recibir uno o dos tiros, precisos, a la altura del pecho.

Después de la historia de la AP, la Procuraduría de Justicia de México aseguró en un comunicado que "no tiene indicio alguno sobre una posible ejecución" y que encontró elementos balísticos de que efectivamente hubo un fuego cruzado.

El gobierno del estado se rehusó a entregarle a la AP los informes de las autopsias de los muertos y elevó los documentos a la categoría de secreto de estado y los privilegió con una reserva por los siguientes nueve años, luego de que la AP los pidiera en una petición de información.