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El Estado mexicano rechazó tres recomendaciones y dará cumplimiento parcial a otras dos, de un total de 176 que fueron emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU después del Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido nuestro país en octubre de 2013.

Rechazó la recomendación hecha por el Vaticano, que pedía que a nivel federal y estatal se defendiera el derecho a la vida desde la concepción. El gobierno mexicano argumentó que esa era facultad exclusiva de los estados.

Las otras dos recomendaciones rechazadas se refieren a la ratificación de la Convención para Resolver los Casos de Apatrida y aceptar casos individuales del Comité de Desapariciones Forzadas.

El Comité contra la Tortura de la ONU, tras conocer la respuesta del Estado mexicano sobre dichas recomendaciones, expresó su preocupación por la práctica sistemática de la tortura, el repunte del arraigo y las 26 mil 121 desapariciones que no han sido investigadas.

En Ginebra, organizaciones civiles manifestaron su preocupación por “el deterioro” de los derechos humanos en el país desde 2006 y el aumento de las agresiones contra los defensores.

Después de conocer la postura oficial del gobierno mexicano en torno a las recomendaciones del (EPU), la Liga Internacional de Mujeres por la Paz expresó a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en el país hay una violencia generalizada contra las mujeres y en particular, se refirió a las defensoras de derechos humanos, quienes han sido víctimas de 242 casos de agresiones en lo que va de la presente administración.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos aseguró a este organismo que en el sexenio de Felipe Calderón se contabilizaron 100 mil personas asesinadas, 150 mil desplazados y 250 mil desaparecidos. Aseguró que la violencia en el país y la intervención del Ejército en labores de seguridad pública han provocado la violación generalizada y sistemática de los derechos humanos.

Expresó, además, su preocupación porque es la segunda ocasión que el gobierno mexicano rechaza la recomendación del EPU de eliminar el arraigo, pues aseguró que esta práctica va en aumento y facilita la comisión de actos de tortura.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó a la ONU que la tortura sigue impune, pues entre enero de 2004 y enero de 2012, la Procuraduría General de la República sólo emitió dos condenas.