Uno de los indicadores inconfundibles del subdesarrollo político son los elevados salarios y prestaciones que recibe la clase política en general.

Es el caso de los legisladores y altos funcionarios de los gobiernos estatales y federal, pero más claramente entre la aristocracia del Poder Judicial, que en el caso al menos de los ministros de la Suprema Corte, y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, gozan de salarios y prestaciones elevadísimos.

Pero eso no bastó a los magistrados electorales, que desde hace tiempo pedían se les homologara a los ministros de la Suprema Corte el disfrute de una pensión vitalicia, cuando termine su mandato, de cantidad indeterminada. Los temas de controversia desviaron la atención de este punto, que logró colarse en el dictamen de los senadores y que, quizá, sea revisado por los diputados.

Se supone que en el caso de los ministros de la Corte dicha subvención, así como los altos salarios, responden a hacer menos atractiva la corrupción, y les permita resistir las presiones que inevitablemente reciben en los distintos temas que abordan.

En realidad, nada garantiza que así sea, y la pregunta que en países como México debía formularse es si la función que desempeñan justifica tales privilegios. Me parece que la respuesta es negativa, pues los beneficios que reciben están por encima de lo razonable.

Otro tanto puede decirse del Tribunal Electoral, por lo que más bien la homologación tendría que hacerse en sentido contrario; que los ministros de la Corte se den por bien servidos con los elevados salarios y prestaciones que reciben, como para además recibir una pensión vitalicia. Desde luego, quien toma tales decisiones es la propia clase política, que cuida y se respalda en sus mutuos privilegios, por lo que éstos seguirán más bien en aumento, en lugar de acotarse.

Profesor del CIDE