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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, acudirá hoy al Senado a una reunión de trabajo con integrantes de la comisión del ramo que preside Angélica de la Peña (PRD), debido a las irregularidades en la investigación de 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en 2010.

Se prevé que los legisladores cuestionen al ómbudsman nacional sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos de las familias de las víctimas y sobre esta investigación.

Además, se abordará la recomendación 80/2013 que emitió el organismo por la masacre.

De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, la recomendación emitida por la CNDH a finales del año pasado no se pronuncia en contra de los sucesos ni sobre la responsabilidad del Estado en esa matanza.

“Al no garantizarles su derecho a participar en el proceso, la CNDH no buscó, documentó ni escuchó la voz de los familiares de las víctimas de las 72 personas migrantes asesinadas, quienes conforme al derecho nacional e internacional, también son víctimas. La recomendación tampoco establece medidas de reparación integral del daño”.

Exigieron que la CNDH rinda cuentas por no haber establecido medidas cautelares para los deudos y para evitar la cremación de los restos de algunos de los migrantes.

“El ómbudsman nacional tiene el deber de investigar los hechos de la masacre de las 72 personas migrantes, de clasificarlos como graves violaciones a los derechos humanos, de escuchar a las víctimas y sus familiares, y de dictar medidas específicas para reparar el daño en materia de derechos humanos”.

La comisión legislativa tuvo una reunión con las organizaciones Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Las organizaciones señalan que no se indagaron los hechos de la masacre, pese a que en la recomendación se señala el caso como “privación de la vida de 72 personas migrantes”, enuncia evidencias, varias de ellas relacionadas con las averiguaciones previas iniciadas en la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas.

“La recomendación no da cuenta de que se hayan investigado los hechos de la masacre, y no señala ninguna responsabilidad”, refiere.