La responsabilidad del comisionado nacional contra las adicciones es definitiva de cara a la necesidad de construir una política de Estado a la vez respetuosa de los derechos humanos, eficiente y eficaz en torno al uso y abuso de las drogas lícitas e ilícitas en México. El comisionado debe funcionar como un nodo de articulación política en todo el país y, por esa vía, puede maximizar su influencia en la definición del rumbo. La Conadic tiene a su cargo un portafolio soportado en el conocimiento científico y técnico.

Por eso preocupan profundamente las declaraciones de Manuel Mondragón publicadas este lunes 3 de noviembre en EL UNIVERSAL, en amplia entrevista titulada “No quiero ver un país mariguanero”. Apenas puedo imaginar la sacudida entre la comunidad de expertos ante las afirmaciones del ahora titular de la Conadic, ninguna de las cuales viene acompañada de base empírica.

Comencemos por afirmar que el uso de la mariguana en México se duplicó entre 2002 y 2011, precisamente cuando más recursos se han dedicado a su persecución penal. El principal supuesto que se filtra en toda la conversación, por igual en las preguntas y en las respuestas, es que los usuarios de drogas tienden a delinquir. El supuesto así planteado es falso y lo es particularmente justo para el caso de la mariguana. En realidad hay estudios que enseñan que la proporción del crimen asociada al uso de sustancias psicoactivas es marginal y está relacionado al tipo de sustancia en específico. Ninguna generalización es válida. Por ejemplo, en una escala publicada por David Nutt, el alcohol merece una puntuación 3.5 veces más alta que la mariguana en la categoría de daño total, medición que incluye delitos asociados al consumo. Por otra parte, el pasado 24 de octubre, en una conferencia convocada por el Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones del DF, Luciana Ramos Lira, del Instituto Nacional de Psiquiatría, afirmó que no hay datos que permitan concluir la asociación entre violencia y consumo de sustancias psicoactivas.

Mondragón y Kalb saltó del gabinete de seguridad al sector Salud y se quedó atrapado en el discurso del primero. Por eso confunde las discusiones sobre el uso y el uso problemático de las drogas, cuando en realidad la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito señala que no más del 13% de los usuarios incurre en conductas problemáticas. Él lleva el paradigma de la prohibición en su portafolio, modelo que enfrenta, entre el 2008 y el 2013, el crecimiento equivalente al 18% en el número de usuarios de todo tipo de drogas a nivel global. En funciones de secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal, el ahora comisionado nacional contra las adicciones detuvo por posesión de drogas a 32 mil personas, según informa el Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (CUPIHD).

En mi experiencia, justo en esas detenciones suele reproducirse el abuso policial contra los usuarios, en especial los jóvenes. Mondragón y Kalb se aferra a la persecución penal de usuarios justo cuando empiezan a difundirse los primeros éxitos, por ejemplo, de la regulación del uso de la mariguana en Colorado, incluyendo la, al parecer, asociada disminución de los delitos violentos.

Director del Insyde