@GmoCejudo
Profesor investigador del CIDE
Cada vez que el Estado mexicano decide utilizar el dinero público, los ciudadanos deberíamos poder esperar una argumentación cuidadosa de las razones, costos e implicaciones. Ayer los legisladores decidieron dar a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la facultad de otorgarse una pensión vitalicia.

Entre las prisas por aprobar la legislación electoral y la acumulación de asuntos de grave importancia, no hubo un espacio para que quienes promovieron esta idea explicaran por qué es conveniente esta adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Hay, por lo menos, tres lógicas que podrían ayudar a valorar la conveniencia de esta decisión.

La primera es la lógica de la independencia de los jueces. Podemos pensar que, para garantizar que las decisiones que se toman no estarán influidas por cálculos monetarios (presiones en el presente o promesas en el futuro), se tiene que ofrecer un ingreso tras su salida del Tribunal. Pero a diferencia de, por ejemplo, la Suprema Corte en EU, los magistrados del tribunal tendrán quizá aún una carrera larga y productiva, litigarán o pondrán consultorías, por lo que requeriríamos reglas para hacer incompatible la pensión con el ejercicio de ciertas labores. En todo caso, si el argumento de la pensión como condición necesaria para la independencia de las decisiones es cierto, tendríamos que llevar las pensiones también a los titulares de los nuevos órganos autónomos (INE, IFAI, IFT, Cofece y los que se acumulen en los próximos meses).

La segunda lógica se refiere al costo de oportunidad. En un mundo sin restricciones presupuestarias, podríamos pensar que es mejor dar pensión a los magistrados que no darla. Pero, ante la escasez, tenemos que preguntarnos si no hay mejores destinos para ese gasto (que rondará en las decenas de millones de pesos anuales). Si el objetivo es maximizar la calidad de decisiones del Tribunal, quizá si se invierte en mejores salarios para el personal, en capacitación o en mejorar sistemas y procesos el resultado será mejor que sólo aumentar el ingreso futuro de quienes, ya hoy, tienen unos de los sueldos más altos en el país.

La tercera lógica tiene que ver con la imagen del Tribunal. Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni publicaron hace unos años un estudio sobre la baja confianza ciudadana en los tribunales (“La forma es fondo”, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, 2010) y señalan, refiriéndose a la Corte, que el exceso de gasto es contraproducente “porque manda una imagen de distancia con la sociedad que lo financia”. La legitimidad y confianza ciudadana en el Tribunal es uno de sus activos más importantes. Y no se gana con spots, sino con la forma en que se decide y el contenido de las decisiones, pero también con la imagen: puede ser una institución republicana y austera o una más de recursos públicos usados para el beneficio personal.

No es una discusión fácil, pero son los argumentos que habrían sido deseable ver expuestos.

@GmoCejudo
Profesor investigador del CIDE