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“¿Qué pasará con Hugo que tiene Síndrome de Down cuando nosotros sus padres ya no estemos vivos? ¿Cómo lo protegeremos?”, éstas son unas de las preguntas que se hacen el señor Francisco Garrido y su esposa Aurora López, quienes no están de acuerdo con recurrir al procedimiento del estado de interdicción, con el cual se declara que una persona no está en capacidades mentales para ejercer sus derechos, pues para ellos “su hijo es una persona inteligente y capaz que con los apoyos necesarios podría controlar sus propios asuntos económicos y legales”.

La familia Garrido López ha consultado a abogados, pero dicen que no tienen una respuesta clara a sus dudas.

“Los abogados nos han explicado que la solución es nombrar a un tutor de nuestra confianza; pero ¿quién nos asegura que este tutor será una persona honesta y no se privilegiará de la herencia que podamos dejarle a nuestro hijo?, si acaso la hubiere”, cuestiona Francisco.

En todo caso, dicen, estan de acuerdo con el Sistema Integral de Apoyos a la Vida Independiente (SIAVI), y que fuera un grupo de personas y una institución la que pudiera velar por su hijo y no una sola persona.

“No queremos acceder al estado de interdicción y declarar a nuestro hijo como una persona incapaz; sino que cuente con los apoyos necesarios de profesionales capacitados para que auxilien a Hugo a manifestar su voluntad con los apoyos y ayudas técnicas suficientes ante el nuevo paradigma de derechos humanos de las personas con discapacidad.

“Negarle el derecho al ejercicio de su capacidad jurídica es atentar contra la libertad de nuestro hijo; dándole absoluto poder a alguien más (su tutor) cuando nosotros ya no estemos; en contraste debe existir una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial para todas las personas con discapacidad en nuestro país como ocurre en otras partes del mundo”, concluye el señor Garrido.