silvia.otero@eluniversal.com.mx

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó que en el expediente que abrió en contra del juez federal Luis Armando Jerezano Treviño ya no era posible anexar evidencias en su contra, como la investigación que inició la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por lavado de dinero por 3.2 millones de dólares, y una denuncia penal en su contra por posibles nexos con el crimen organizado que inició la Procuraduría General de la República (PGR) en 2013.

Los quejosos, dueños del Casino Fortuna, de Monterrey, Nuevo León, pidieron la intervención del CJF por las irregularidades cometidas por el juzgador, quien fue suspendido de sus funciones en septiembre de 2011, pero siguió operando y participó en una maquinación para despojar a los empresarios Arturo Ignacio y Pedro Cardona Calderón, así como a Jesús Andrés González González, del referido centro de apuestas.

Después de analizar el caso, en febrero de este año, el juez de Distrito Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti, secretario ejecutivo de Disciplina del CJF, informó a los quejosos, mediante el oficio SED/2876/2014, que no era procedente tomar en cuenta las evidencias aportadas contra el juez Jerezano, ya que la investigación que el organismo realizó se declaró agotada el 25 de junio de 2013.

Sin embargo, ante las pruebas entregadas por los quejosos, se decidió remitir la documentación ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos del propio Consejo, “para que actúe conforme a sus atribuciones”, entre las que se encuentra el dar vista a la PGR sobre la posible comisión de delitos por parte de los servidores públicos del Poder Judicial.

En su oficio, el juez Padilla Pérez Vertti explicó a los quejosos los motivos para no considerar las pruebas: “Si bien uno de los hechos denunciados probablemente tuvo verificativo durante la titularidad de Jerezano Treviño, previo a su suspensión, pues se refiere a la tramitación de un juicio de amparo ante su jurisdicción, lo cierto es que los depósitos a que se hizo mención y demás imputaciones ocurrieron con posterioridad a la investigación y suspensión del cargo decretadas por este Consejo”.

Por ello, en el procedimiento administrativo que se inició contra Jerezano Treviño no se incluye la investigación que inició la DEA desde 2012, al detectar en bancos de Texas cuentas por 3.2 millones de dólares a nombre del juzgador y su esposa Claudia Zulema Alanís Treviño.

De acuerdo con las pesquisas, el juzgador aperturó una cuenta en el International Bank of Commerce (IBC BANK) de McAllen en marzo de 2007, y comenzó a realizar cuantiosos depósitos, entre los que destacan 907 mil 714 dólares, que se presumen recibió como pago, ya que como titular del Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, concedió un amparo en el que ordenó a la PGR devolver las propiedades que tenía aseguradas a nombre de Juan Chapa Garza, el prestanombres de Juan García Ábrego, fundador del cártel del Golfo.