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Los patrullajes que realizan el Ejército y la Policía Federal en las calles de Michoacán y el desarme de civiles no son suficientes para atender el reclamo de justicia de los habitantes en esta entidad, consideró Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Dijo que no es clara y, por lo tanto, se tiene que reforzar en la estrategia del gobierno federal la cuestión de la procuración de justicia. “Las expectativas de la población van más allá de tener el control de la vía pública, o de ir tras quienes están infiltrados en los cuerpos de seguridad. La gente quiere transparencia, investigaciones y que se juzgue a los responsables de los crímenes que por años han sufrido los habitantes y ante los que las autoridades locales no respondieron a la escala que se requiere”, insistió.

Consideró que la situación en Michoacán es compleja y que se originó por varios factores: un tejido social que fue profundamente afectado, una sucesión de falta de respuestas ante las denuncias de la población sobre secuestros, extorsiones, asesinatos, colusión y corrupción y el empoderamiento creciente del crimen organizado en la zona.

Informó que en Michoacán conoció testimonios de pobladores que tuvieron que abandonar sus hogares por miedo.

“Sé de médicos que tenían consultorios privados y que huyeron, con excepción de los adscritos al IMSS porque no pudieron cambiar sus plazas. Sé de comerciantes que cerraron sus negocios, malbarataron sus cosas y se fueron. Sé de familias que tenían a sus hijos estudiando y que empeñaron sus cosas para poder irse a vivir a otro estado”.

Hernández Valencia consideró que la situación en Michoacán es compleja y multifactorial y que se tiene que diferenciar entre los grupos armados que están presentes en la entidad, pues además del crimen organizado, hay otros grupos vinculados a los cárteles y otros conformados por habitantes de las comunidades que han decidido hacer justicia por propia mano al no recibir respuesta de las autoridades a sus demandas de seguridad durante muchos años.

—¿Es adecuada la estrategia del gobierno federal de comenzar con el desarme de los grupos de autodefensa?

—La decisión del gobierno federal de ponerse al centro para reimponer la autoridad es importante. Yo estoy seguro de que no se ha tomado esto a la ligera y que saben que es un asunto complejo, pero lo que no aparece en esta estretegia y que habrá que reforzar es el rol de la procuracuón de justicia, el llevar a juicio a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y otros actos del crimen común. Los patrullajes en las calles por sí solos no hacen avanzar hacia la justicia.

—¿Es legítimo el reclamo que dio origen a los grupos de autodefensa?

—Yo insisto en que hay que distinguir entre los grupos y sus reclamos. Los cárteles y los grupos vinculados a ellos sabemos de qué lado de la línea están y hay otros cuyos reclamos son de hace mucho tiempo, pero que no habían tenido respuesta. Por eso es que no sólo se trata de desarmar sino de que los habitantes recuperen la confianza en las instituciones.