Los Ángeles, California

En medio del desierto de Nuevo México, en el remoto poblado de Artesia, el gobierno de Estados Unidos tiene encarcelados a cientos de niños y mujeres migrantes. El único delito que les imputa es haber cruzado la frontera sin documentos.

Aunque en los últimos meses la atención se ha centrado en los niños inmigrantes que llegan a EU no acompañados, hay otro grupo de menores que cruza con alguno de sus padres, o los dos. Y a diferencia de los niños que viajan solos, que son transferidos a albergues y reinsertados en ambientes familiares a la brevedad, la administración de Barack Obama ha optado por poner bajo llave a los menores que llegan acompañados por su familia mientras reciben sentencia en las cortes de inmigración, lo cual puede tomar meses.

Entre junio y agosto de 2014, el número de integrantes de familias inmigrantes detenidas en EU creció mil 100%, pasando de 100 a mil 200 en ese periodo, de acuerdo con un reporte de la organización Detention Watch Network.

Los nuevos detenidos fueron llevados primero a Artesia y después a otro centro similar en el condado de Karnes, Texas. La proyección es que a finales de 2014, con la construcción de un tercer centro de este tipo —a los cuales las autoridades de inmigración eufemísticamente llaman “centros residenciales”—, también en Texas, el número rebasará las tres mil 500 camas para integrantes de familias, incluyendo niños.

En el reporte Detención de familias con fines de lucro, publicado hace unos días, la organización activista que trabaja contra el encarcelamiento como negocio privado Grassroots Leadership concluye que con el establecimiento de estos centros “el presidente [Barack] Obama ha lanzado el proyecto de detención de familias más grande de EU desde los campos de concentración para japoneses [durante la Segunda Guerra Mundial]”.

Familias unidas

El Centro Residencial para Familias de Artesia se ubica a tres horas y media de El Paso, la urbe más próxima y, por tanto, alejado de los servicios de asistencia legal y social para quienes residen ahí: familias que llegaron este verano a Estados Unidos huyendo de la violencia en Centroamérica. El país tiene la mayor infraestructura en centros de detención de inmigrantes en el mundo.

Durante el año fiscal 2012 —octubre de 2011 a septiembre de 2012— EU alcanzó su máximo histórico, con 478 mil individuos detenidos mientras su proceso legal corre. La mayoría de quienes se encuentran en estos sitios aún no cuentan con una sentencia por parte del juez de inmigración, y en tanto eso no ocurra no son puestos en libertad.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos para el año fiscal 2015, que inició el pasado 1 de octubre y terminará el 30 de septiembre de 2015, la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) destinará un monto de mil 300 millones de dólares a la operación de 30 mil 539 camas en centros de detención de inmigración, una cifra ligeramente más baja que la del año previo. Sin embargo, el Comité de Apropiaciones del Senado aprobó adicionalmente 28 millones de dólares para los nuevos centros de detención familiar.

En el documento, uno de los rubros titulado Desarrollo de nuevas instalaciones de detención señala que en marzo de 2012 ICE abrió el Centro de Detención Civil del condado de Karnes, en Texas, que serían “las primeras instalaciones diseñadas y construidas con base en los principios de la reforma de detención de ICE”. Las instalaciones, añade, cuentan con “diseños innovadores y eficientes en costo-beneficio, nuevas aproximaciones a los materiales de construcción, manejo de personal y operaciones, además de mayor libertad de movimiento, visitas de contacto y servicios de salud y mentales”.

El centro de detención del condado de Karnes, 80 kilómetros al sureste de San Antonio, abrió inicialmente con el objetivo de alojar a hombres adultos. Tras la transformación en un centro de detención privado este verano, como parte de este programa de expansión de los “centros residenciales”, ahora alojará a 530 individuos de familias con niños. Este centro será operado por GEO Group, el segundo corporativo más grande de centros de detención de inmigrantes.

“ICE opera estos centros residenciales para adultos con niños para mantener a las familias unidas mientras esperan la respuesta de las audiencias de inmigración o mientras vuelven a sus países de origen”, explica el comunicado que anuncia la creación de Karnes. “ICE se asegura de que estos centros residenciales operen en un ambiente abierto, que incluya cuidado médico, salones de juego, trabajadores sociales, servicios educativos y acceso a consejo legal”.

Sin embargo, organizaciones civiles que han dado seguimiento a las operaciones de los centros de detención concesionados —y que usan abiertamente la palabra “encarcelamiento” en lugar del término “detención” utilizado por ICE— alertan sobre el riesgo de que se cometan violaciones a los derechos humanos en aras de mantener el margen de costo-beneficio para los operadores.

Bon Libal, director ejecutivo de la organización Grassroots Leadership, basada en Texas, respondió al anuncio de ICE afirmando que “mientras hay familias sufriendo las políticas de detención masiva, el negocio ha sido muy conveniente para corporaciones como GEO”.

En un reporte previo, “GEO Group indicó que esperaba obtener una ganancia de 15 millones de dólares anuales por la operación del centro de detención de Karnes”, explica Carl Takei, abogado del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones de defensa de derechos humanos más importante del país. “Después de que ICE les otorgó el contrato para convertirlo en un centro de detención familiar, la cifra de ganancia esperada que reportan se elevó a 26 millones de dólares, 11 millones más que en el estimado original”.

Takei afirma que el riesgo que denuncian organizaciones no gubernamentales no es desconocido para la administración Obama. En su primer año de gobierno, el presidente tuvo que enfrentar una de las batallas más importantes encabezadas —y ganadas— por ACLU: el caso del Centro Residencial T. Don Hutto.

Expansión y negocio

El centro Hutto, que era operado por Corrections Corporation of America (CCA), el principal proveedor privado de servicios de detención para inmigrantes de EU, fue cerrado en 2009 en medio de la intensa presión ejercida durante dos años por el público y las organizaciones que denunciaron y comprobaron violaciones a los derechos humanos de los niños internados ahí con sus padres.

Tras el cierre de Hutto, en todo el país sólo un pequeño centro en el condado de Berks, Pennsylvania, operaba de esa manera, con menos de 100 camas hasta junio pasado. De ese mes a la fecha, el crecimiento ha sido exponencial: familias han sido trasladadas a los centros de Artesia, Karnes, y en unas semanas al ambicioso proyecto de 2015: el centro de detención de Dilley, Texas, que será operado también por CCA.

El 22 de septiembre, a través de un comunicado, ICE informó que planea abrir un nuevo centro residencial en Dilley, en el sur de Texas, para albergar familias, incluyendo niños, “en respuesta al flujo de adultos viajando con niños detenidos en la frontera suroeste”. Se espera que abra en diciembre y, según el comunicado, será el cuarto que DHS usará para aumentar su capacidad de detener y remover de manera expedita a los adultos con niños. Las instalaciones iniciarán operaciones a principios de noviembre de 2014, albergando a 480 residentes, con el objetivo de que al cabo de 210 días esté lleno a su capacidad total de 2 mil 400 camas.

Aunque parecería que el caso Hutto era un antecedente suficientemente fuerte para que nunca se repitieran las violaciones a derechos humanos en los centros de detención de inmigración, en sólo una semana empezaron a aparecer las denuncias provenientes de Artesia: madres separadas de sus hijos a pesar de existir espacio suficiente en la celda para alojamiento conjunto; casos de asilo para víctimas de violencia viables, que no son llevados a Corte por falta de información; indígenas detenidos a los cuales no se les proporciona un intérprete, como lo establece la ley, así como detención extendida a pesar de existir una resolución judicial para la liberación del detenido.

La preocupación de los grupos activistas crece debido a que Artesia arroja estas denuncias a pesar de estar operado directamente por ICE; afirman que en casos como el del esperado centro Dilley, operado por CCA, el riesgo de abuso es mayor porque la ganancia económica también lo es: 298 dólares al día por cada persona detenida.

“El tema de la detención familiar no es nuevo para la administración Obama; no es que estén diciendo ‘vamos a probar este modelo’, porque ya lo han probado y saben que no funciona”, afirma Cristina Parker, coordinadora del Proyecto de Inmigración de Grassroots Leadership. “Ahora esperan que opere en Dilley la misma empresa que operaba de manera abusiva en Hutto. Eso no tiene más sentido que el que tenía hace cinco años”.