elena.michel@eluniversal.com.mx  

El Congreso de Estados Unidos evalúa la estrategia de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto bajo siete ejes, entre los que destacan la nueva política de extradiciones —que preocupa a ese país— ante casos concretos como el de Joaquín El Chapo Guzmán.

Un reporte del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS por sus siglas en inglés) indica un descenso importante en el número de extradiciones de gente vinculada al narcotráfico durante el primer año de la actual administración.

El documento Estados Unidos—México cooperación en seguridad. La iniciativa Mérida, fechado el 8 de abril pasado, muestra que en 2013 únicamente fueron enviadas 54 personas para ser procesadas ante autoridades judiciales estadounidenses; mientras que en el último año del gobierno de Felipe Calderón se alcanzó una cifra histórica de 115 extradiciones.

Este reporte refleja la preocupación de las autoridades estadounidenses por el caso de El Chapo Guzmán, aprehendido el pasado 22 de febrero, en Mazatlán, Sinaloa.

“El gobierno mexicano tal vez se esfuerza por mostrar que el sistema de justicia, que está en proceso de ser reformado, es capaz de arrestar y procesar a narcotraficantes, incluyendo al Chapo Guzmán”, explica el documento elaborado por la especialista en seguridad, Kristin Finklea.

Además, el documento revela que recientemente varios miembros del Congreso han urgido al Departamento de Estado para pedir la extradición de Guzmán Loera, y Washington les ha respondido que continúan la discusión y negociaciones con el gobierno mexicano.

De acuerdo con este capítulo, una de las variables claves para medir el éxito de la Iniciativa Mérida —programa bilateral de cooperación—, era precisamente el número de delincuentes enviados por México a EU.

El análisis del CRS alerta que aun cuando México ha limitado a Estados Unidos para involucrarse en operaciones de inteligencia, sus investigaciones han ayudado a la Secretaría de Marina a arrestar al líder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, en julio de 2013, y a localizar al Chapo Guzmán.

El vecino país del norte califica como “ineficiente” el sistema de justicia y existe una franca preocupación por la corrupción, principalmente en los cuerpos policiacos, lo que se refleja —explican— que menos de 13% de los crímenes en México son denunciados penalmente.

El documento contrasta la forma en que mientras durante el gobierno del presidente Felipe Calderón el combate al crimen organizado y al narcotráfico encabezó la agenda de prioridades, en la presente administración los esfuerzos se han canalizado también a mejorar el sistema de justicia penal y fortalecer otras instituciones.

“Algunos detalles de la estrategia de seguridad de Peña Nieto tendrán implicaciones en la cooperación entre México y Estados Unidos que aún no han sido definidas. Por ejemplo, la diferencia de la participación de los militares respecto al gobierno de Calderón aún debe clarificarse”, explica el análisis.

Y agrega: “México ha experimentado una transición de la administración del PAN enfocada en combatir al crimen organizado frente a un gobierno del PRI enfocado a reforzar reformas estructurales. Y como resultado, la seguridad ha tomado un asiento trasero frente a la agenda económica en la relación bilateral por primera vez desde septiembre de 2001”.

De acuerdo con el diagnóstico del centro de análisis del del Congreso de Estados Unidos, la estrategia de seguridad del gobierno de Peña Nieto ha tenido resultados mixtos. Por un lado, mientras hay intentos porque los homicidios relacionados con el crimen organizado desciendan, los delitos de extorsión y de secuestro han surgido.

Indica además que “los cerebros claves (del narcotráfico) han sido arrestados, y han surgido los grupos de autodefensas en Michoacán”.