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Por primera vez en su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto utilizó la figura de la iniciativa preferente y envió al Congreso de la Unión una propuesta para consolidar de inmediato la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y los Adolescentes.

La iniciativa, que ayer mismo fue turnada al Senado, que fungirá como cámara de origen, endurecerá las normas en contra del trabajo infantil e incorpora requerimientos básicos para los albergues públicos y privados, con el fin de que cuenten con infraestuctura adecuada, y servicios de calidad.

También combate el acoso escolar o bullying, y contempla sanciones a adultos que no detengan o denuncien con hasta tres mil días de salario mínimo (201 mil 870 pesos), y garantiza la atención de niños migrantes no acompañados.

Además, plantea crear procuradurías a nivel federal y local para proteger a los niños, asesorarlos y representarlos cuando estén involucrados en procedimientos penales y administrativos.

Igualmente reconoce nuevos derechos para los niños migrantes no acompañados, como servicios de asistencia médica, sicológica y jurídica, que existan instalaciones adecuadas para su atención y que se les garantice asistencia consular.

Al utilizar la figura de la iniciativa preferente, el Senado tendrá 30 días naturales para pronunciarse a favor o en contra de la reforma; en caso de avalarla, la turnará a la Cámara de Diputados, donde tendrán un plazo similar para pronunciarse.

La figura se usa para impulsar proyectos que el Ejecutivo federal considera de importancia.

La iniciativa incluye acciones para abatir el trabajo al que todavía son sometidos más de 2.5 millones de niños mexicanos, garantiza los derechos de los menores a la vida, a la protección contra la violencia, a la libertad de expresión y de religión.

Evitarán violencia

El proyecto propone también que estaciones de radio y televisión no puedan transmitir información, imágenes o audio que influyan negativamente en el desarrollo de los menores, promuevan la violencia, la ausencia de valores o hagan apología del delito.

Se prevé que las autoridades vigilarán que los espectáculos públicos, películas, programas de radio y televisión, videos, impresos y cualquier otra forma de comunicación o información sean clasificados, para evitar que los contenidos perjudiquen el bienestar de la niñez.

“Con la finalidad de hacer coercitiva las disposiciones de la ley, se contempla que además de la Procuraduría de Protección (que se creará para velar por los niños), cualquier persona podrá solicitar a las autoridades administrativas la imposición de sanciones”, destaca el proyecto.

Al entregar la propuesta del Ejecutivo al presidente del Congreso, Silvano Aureoles, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, subrayó que se busca ampliar las garantías de los menores, así como velar por el principio del interés superior de la niñez.

El proyecto de ley, que retoma el contenido de otras nueve leyes que protegen a los menores, contempla imponer obligaciones a las autoridades federales, estatales y municipales, para homologar la protección a niñas y niños y adolescentes, y se regulan con más profundidad los derechos de los menores; está dividida en tres vertientes.

La primera, explicó el presidente Enrique Peña Nieto horas antes de que Osorio Chong entregara la iniciativa, define objetivos, estrategias y políticas para atender y proteger a los menores; prevé la elaboración de un Programa Nacional de Protección a Niñas y Niños y Adolescentes que establezca líneas de acción para garantizar el bienestar de la infancia.

Se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, con el objetivo de dar seguimiento a las políticas en la materia.

Al encabezar en la residencia de Los Pinos el evento México sin trabajo infantil, el Presidente precisó que la segunda vertiente establece mecanismos para asegurar que los derechos de todos los niños sean respetados en todo momento.

La tercera línea prevé medidas para que las niñas, niños y adolescentes de México crezcan en entornos libres de violencia. “Esta ley será un instrumento eficaz para combatir el bullying, que tanto lastima a quienes lo padecen y ofende a toda nuestra sociedad”, dijo.

La iniciativa busca también adecuar las leyes secundarias, después de la reforma con la que se incrementa de 14 a 15 años la edad mínima para laborar.