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El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a los magistrados, al juez federal y a un funcionario judicial por “actos que pudieran ser constitutivos de delitos”, relacionados con la investigación de EL UNIVERSAL en torno a una presunta red de protección y tráfico de influencias que desde el Poder Judicial favoreció al llamado Zar de los casinos, Juan José Rojas Cardona.

El CJF denunció ante el Ministerio Público federal a los magistrados Eduardo Ochoa Torres, ex presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey, y a José Manuel Rodríguez Puerto, ex integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede en Tamaulipas, así como al juez Javier Rubén Lozano Martínez, ex titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey, Nuevo León.

Los tres funcionarios, suspendidos y sin goce de sueldo, también por disposición de la Judicatura, y quienes enfrentan un proceso administrativo para determinar sus sanciones finales.

La denuncia también fue en contra de Mario Alberto Prado Rodríguez, ex secretario técnico del consejero Daniel Cabeza de Vaca.

Una decena de conversaciones telefónicas grabadas y fotografías que dio a conocer EL UNIVERSAL, que evidenciaron la red que tejió Juan José Rojas Cardona el Zar de los Casinos en el Poder Judicial de la Federación, forman parte de las evidencias de la averiguación previa que inició la Procuraduría General de la República (PGR) contra los servidores públicos implicados.

Autoridades judiciales indicaron que estas pruebas públicas también se incorporaron a la investigación interna que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) realiza contra los juzgadores, que incluyen la revisión de sus resoluciones judiciales vinculadas a la empresa Entretenimiento México (Emex) del casinero, así como su situación patrimonial a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Con la denuncia penal que formalizó ayer el Consejo, suman 11 los servidores públicos del Poder Judicial que están sujetos a investigación penal por la PGR, debido a sus presuntos nexos con casineros.

Sobre la denuncia, la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio, indicó que llegó directamente a la oficina del titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, y de inmediato se comenzará con las diligencias para determinar los delitos que podrían configurarse.

Los implicados

En su denuncia, el CJF entregó las evidencias documentales de la relación entre Eduardo Ochoa Torres, quien hasta la semana pasada era presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del estado de Nuevo León, y Francisco Salazar Arreozola, apoderado legal y encargado de las relaciones públicas del Zar de los Casinos, que revelan que gestionó algunos de los expedientes con otros juzgadores y que incluso se comprometió a admitir amparos para casinos —de los que conoció 51 causas.

El 5 de mayo pasado se publicó la información y al día siguiente esta casa editorial dio a conocer el viaje que el magistrado realizó a Las Vegas, Nevada, las fotografías y los registros de sus gastos por más de 8 mil dólares en tres días.

Asimismo, acompañan la denuncia los audios que dio a conocer este diario sobre los presuntos nexos entre el apoderado del Zar y José Manuel Rodríguez Puerto, quien fue suspendido del cargo como magistrado del Primer Tribunal Colegiado y en Materia Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, quien también gustaba de jugar en los casinos del empresario, y utilizaba sus contactos con otros juzgadores, para gestionar.

La indagatoria también se conduce contra Mario Alberto Prado, secretario técnico del CJF, presunto amigo de Francisco Salazar, quien lo apoyaría en gestiones a favor del magistrado Rodríguez Puerto; así como contra el juez Javier Rubén Lozano Martínez, ex titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey, Nuevo León.

Sus nombres se suman a los de Luis Armando Jerezano Treviño, ex juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región en Saltillo, Coahuila, investigado por la DEA por lavado de dinero. También están Ricardo Hiram Barbosa Alanís, ex titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en Monterrey, y sus secretarios Héctor Fernando Monterrubio Pontigio y Alejandro Tovar Álvarez.

También, Rogelio Cepeda Treviño y Juan Miguel García Malo, juez y secretario, respectivamente, del Juzgado Segundo de Distrito en Saltillo, Coahuila; así como Guillermo Amaro Correa, juez Cuarto de Distrito en La Laguna, en Coahuila.