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El PRI busca evitar posibles desórdenes en la comprobación de gastos de los candidatos a puestos de elección popular y estableció en sus estatutos el requisito de contar con un profesional que lleve las finanzas de precampaña y campaña, así como el compromiso por escrito de pagar los adeudos a terceros, multas y sanciones que le causen a este instituto político.

Además, los presidentes de comités, secretarios de Finanzas y Administración, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, dejarán de ser “responsables solidarios” y ahora serán responsables de los adeudos, multas y sanciones que le causen al partido por la deficiente administración de los recursos y la falta o irregular comprobación de los egresos ante los órganos electorales.

De acuerdo a los Estatutos del PRI, entregados y validados por el INE, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, el instituto político hizo responsables a sus nominados “por la mala administración de los recursos y la falta o irregular comprobación de los ingresos y egresos ante los órganos electorales”.

Asimismo, “para ser candidato plurinominal, el militante priísta deberá estar al corriente de sus cuotas, lo que podrá acreditar con documentos de la Secretaría de Finanzas”.

También se blindó contra quienes apoyen a candidatos que no sean del partido o producto de una alianza y por tratarse de hechos públicos y notorios, considerará que renunciaron a la condición de militante y cualquier de sus dirigentes que tenga conocimiento lo notificará de inmediato a la Secretaría Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la cual dará vista a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para que emita la declaratoria de pérdida de militancia.

Los nuevos estatutos prevén pedir al INE la organización de sus elecciones estatales, municipales, delegacionales y en el Distrito Federal cuando existan conflictos internos, imposibilidad material para la organización de la elección, no se encuentre integrado el órgano competente, por acuerdo de la Comisión de Normatividad y Coordinación Política del Consejo Político Nacional, o haya alguna causa fortuita o de fuerza mayor.

A la Secretaría de Gestión Social le amplió sus atribuciones para generar la participación social en los programas sociales a través de figuras asociativas, así como resaltar la importancia de la capacitación, de la contraloría social y la presentación de quejas y denuncias, así como el promover las políticas públicas que incentiven una mayor interrelación entre el gobierno y los ciudadanos para enfrentar los niveles de desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social.

La nueva Secretaría de Asuntos Migratorios tendrá la atribución de promover y difundir los derechos humanos de los migrantes, promover la creación de las secretarías de este tema en los comités directivos estatales y “gestionar y difundir los programas sociales del gobierno federal para migrantes”.