La senadora del PRD Iris Vianey Mendoza Mendoza presentó una iniciativa para expedir una nueva ley minera, con el fin de actualizar y armonizar la legislación vigente con diversos instrumentos internacionales y para que esta actividad quede subordinada al dominio de la nación y la rectoría económica del Estado.

"Los enormes conflictos sociales que provocan actualmente a lo largo de toda la República, exigen suprimir el carácter de utilidad pública de la actividad minera, que mantiene desde que el Estado era el responsable de su instrumentación, porque en la actualidad la única utilidad que tiene es privada", aseguró la también secretaria de la Mesa Directiva.

Al fundamentar su iniciativa, Mendoza Mendoza aseguró que la laxa interpretación de la ley vigente por parte de funcionarios gubernamentales hace peligrosa y carente de control la emisión de concesiones mineras "que literalmente sobrepasan la superficie nacional".

Aseguró que es necesaria una nueva ley que dé preferencia al pleno respeto a los derechos humanos, a los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y a la preservación de los recursos naturales.

Señaló que la actividad minera debe estar subordinada al dominio de la nación, a la rectoría económica del Estado, al logro de la equidad, a la distribución de la riqueza, al respeto de los pueblos y de las comunidades indígenas, a la conservación y mantenimiento del medio ambiente y a la garantía del acceso humano al agua.

"La actividad minera tampoco debe estar por encima de otras actividades económicas. Por tanto, la exploración, explotación y beneficio de los minerales ya no deben seguir considerándose en la ley como preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno", enfatizó la legisladora por el estado de Michoacán.

La propuesta de la legisladora michoacana establece la regulación diferenciada de concesiones de exploración, explotación y beneficio minero.

Para las de exploración propone una duración de cuatro años sin prórroga; para las de explotación y beneficio minero, una duración equivalente a la manifestada por el solicitante en su proyecto de explotación, el cual tendrá que ser aprobado por la población, y no mayor a 20 años.

"Podrán recibir una prórroga de otros 20 años sólo si consiguen una licencia social de parte de las comunidades", explicó Mendoza Mendoza.

En el documento se establecen restricciones a la entrega de concesiones en áreas naturales protegidas y equivalentes, monumentos históricos y áreas definidas como estratégicas para la economía o cultura de los pueblos, entre otras.

También propone ampliar las causales de nulidad de una concesión ya otorgada y las infracciones que pueden llevar a multas o a la cancelación de concesiones. Se anulan las cláusulas de confidencialidad que protegían la información que entregaban las empresas mineras al Estado.

Se generan informes adicionales para transparentar la actividad.

Entre algunos de los elementos que resaltan de esta iniciativa es el cobro de regalías para la minería, con base en el valor del volumen de la producción, con regímenes diferenciados para minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería. Y elimina el secreto fiscal sobre la información de impuestos con que contribuyen las mineras al fisco.

Mendoza Mendoza informó que el propósito legal de la iniciativa es cumplir con el mandato de ofrecer seguridad jurídica a todos los actores de la sociedad, a los habitantes de las comunidades integradas en los municipios, entidades federativas, regiones y todo el país, así como aquellos organizados para actividades lucrativas.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos.

jlr