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En México no existe un registro nacional para conocer los casos de maltrato infantil que ocurren en las escuelas, pues la mayor parte de ellos no son notificados y sólo se registran los más severos, según un documento de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El texto Modelo para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia, el Maltrato, Acoso Escolar y Abuso Sexual Infantil consigna que el tiempo que transcurre entre la denuncia y el momento en el que sanciona al servidor público es largo, pues el proceso comprende 12 pasos, después de los cuales se evaluará si se procede o no contra el maestro.

Las sanciones iniciales pueden ser los extrañamientos y amonestaciones verbales o escritas o, en su caso, “notas malas” en la hoja de servicio.

Sólo si se considera necesario se levantará un acta administrativa que será remitida a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP.

La SEP afirma que los directores no cuentan con la personalidad jurídica para asumir la representación de la escuela ante un evento de violencia y realizar los trámites ante el Ministerio Público. Pese a ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que esa es responsabilidad de directivos de los planteles, como lo establece la Ley General de Educación.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “los valores culturales y sociales, el concepto de ‘poder y obediencia’, los roles que la sociedad marca acerca de los derechos y obligaciones, son fundamentales para la resolución de conflictos, la mala aplicación de la ley y la impunidad, benefician que la violencia se perpetúe”.

El documento está signado por José Córdova Villalobos, titular de Educación Pública en el sexenio pasado, y comprende las directrices que deben seguir directivos y profesores en caso de conocer algún episodio de violencia, maltrato y abuso sexual contra la comunidad.

Dicho modelo establece que mientras un alumno esté dentro del plantel educativo, su custodia y cuidado es responsabilidad de todos los servidores públicos adscritos a la SEP.

Sin embargo, reconoce que en los casos de abuso sexual que se presentan en los planteles de educación inicial, básica, especial y para adultos en el Distrito Federal, sólo ha determinado si el hecho de violencia efectivamente se presentó o no; se han tomado medidas de protección para el alumno y “se ha abierto la posibilidad de sancionar o reivindicar al docente o trabajador que cometió el presunto agravio”, se detalló.