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Durante 2013 no hubo un cambio de fondo en la estrategia de seguridad, las fuerzas armadas siguen siendo la primera línea de combate en las zonas que son “focos rojos” como centros de operación del crimen organizado, coinciden expertos.

Además, señalan que persisten graves deficiencias en las policías del país, pero reconocen los esfuerzos por mejorar instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR) y los logros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de derechos humanos.

Alejandro Gertz Manero, ex secretario de seguridad pública federal; Samuel González, ex subprocurador de delincuencia organizada de la PGR y consultor internacional, así como Javier Oliva Posadas, coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional de la UNAM, realizaron el diagnóstico y destacan que es necesario fortalecer las acciones de prevención del delito.

“Hay una diferencia fundamental en la percepción de la inseguridad, ya que la conducta de este gobierno es no hacer una apología de los escándalos de seguridad y violencia que vivimos durante la administración anterior”, afirmó Gertz Manero.

Reconoce que la PGR o la Policía Federal no están en medio de los escándalos en los que estuvieron en la administración pasada, “si bien no hemos visto cambios sustanciales que nos llamen la atención en la estructura, no están metidas en casos que tanto daño les hicieron a su credibilidad”.

Samuel González subrayó: “no ha aumentado el número de homicidios, aunque sí el número de secuestros y extorsiones. Todavía no se logra, como país, consolidar todo el esquema de integración de prevención social del delito”.

Dijo que persisten los gravísimos problemas con las policías, “ese proceso de certificación que ha costado miles de millones de pesos y ya casi de dólares, no lo han podido concretar porque estaba mal hecho y hay que ver como se cambia para hacerlo más eficiente”.

Destacó el premio que las Naciones Unidas dieron a la SCJN por incorporar los derechos humanos en sus resoluciones.

Javier Oliva afirmó que hay procesos acelerados de descomposición de sistemas sociales en algunas partes del país, como Michoacán o Guerrero, “lo que nos remite a situaciones de alta preocupación y también al establecimiento de metas, para tener resultados concretos en seguridad”.