politica@eluniversal.com.mx 

La Cámara de Diputados estableció penas de cuatro a siete años de prisión y multas de mil hasta 500 mil días de salario mínimo a quien desvíe recursos o trafique con medicamentos del sistema de salud federal, en el que se incluye el programa Seguro Popular.

Con 390 votos a favor, 20 en contra y 25 abstenciones, los diputados aprobaron modificaciones a la Ley General de Salud, que es la primera de las tres reformas político-sociales que envió el presidente Enrique Peña Nieto en el paquete fiscal al Congreso de la Unión el 8 de agosto.

Según el dictamen avalado, se le dan atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que al fiscalizar la Cuenta Pública federal verifique que las dependencias del Ejecutivo federal destinen los recursos para el Seguro Popular y no otras áreas, cumpliendo así con las disposiciones legales y administrativas en la ejecución de los mismos.

Además, las autoridades federales o locales, que en el ejercicio de sus atribuciones, de control y supervisión, conozcan que los recursos federales señalados no han sido aplicados, deberán hacerlo del conocimiento de ASF, de la Función Pública y, en su caso, del Ministerio Público.

En la reforma, que también se homologa a la Ley de Contabilidad Gubernamental, se permitirá que la Secretaría de Salud concilie con las entidades federativas el número y tipo de plazas de las ramas médica, paramédica, para ubicar por centro de trabajo, qué plazas son de origen federal y estatal. Esto servirá para que no se destinen plazas de salud a otro tipo de tareas.

También se tendrá que coordinar con las entidades para que los pagos de nómina se realicen sólo a personal que cuente con RFC y CURP. Tanto la Secretaría de Salud y los estados deberán enviar a la Cámara de Diputados —durante el primer semestre del año— el listado de nombres y plazas en las que identifique que la asignación salarial no es compatible geográficamente o temporalmente para que se corrijan las irregularidades.

Ahora los gobernadores y cada entidad tendrán que justificar la contratación de personal: doctores, enfermeras y químicos, entre otros para las clínicas del Seguro Popular y no para otras tareas.

Con las modificaciones, la ASF podrá fiscalizar la compra de los medicamentos que hacen los estados para los derechohabientes y clínicas del Seguro Popular.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Salud, el panista Isaías Cortés Berumen, las compras de medicinas las seguirán haciendo las entidades, pero ahora se deberá garantizar la eficiencia administrativa, porque había una disparidad en la compra de medicamentos, ya que cada estado adquiría sus medicinas dependiendo su distribuidor.

“Ahora va a depender del catálogo de medicamentos que estén incluidos y avalados por el Consejo Nacional de Seguridad y laboratorios que producen estos, lo que beneficiará que los recursos para medicamentos realmente se utilice para este fin y no se vaya a comprar escritorios y arreglar oficinas”.

El presidente de la Cámara de Diputados, el panista Ricardo Anaya, dijo que se consideran sanciones más severas para gobiernos locales que utilicen recursos del Seguro Popular para objetos distintos de la salud.