El juez Diego García-Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostuvo que no es ilegítimo que en determinadas circunstancias un gobierno tenga que hacer uso del Ejército en las calles para mantener la seguridad interna; reconoció además que en América Latina existe el desafío de hacer frente a un crimen organizado que a veces es superior al Estado.

En conferencia de prensa, después de inaugurar el 48 Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte IDH, el juez peruano fue cuestionado sobre la situación de seguridad en México y su relación con los derechos humanos, si es válido que en más de un sexenio los militares realicen tareas de seguridad.

Aunque rechazó opinar sobre el caso concreto del país, dijo que "indudablemente el tema de la seguridad interna y la amenaza que para la gente y la estabilidad institucional significa el crimen organizado, es uno de los grandes retos que tiene la democracia, no solo en México sino en la mayoría de países de América Latina".

Expuso que "encontrar el mecanismo de respuesta para atender la preocupación de la sociedad por la inseguridad, por la falta de certeza sobre lo que pasará al día siguiente, en la noche con su propia vida, seguridad y patrimonio familiar, es uno de los grandes retos para las instituciones, y cómo hacerlo dentro del respeto de los derechos y de la institucionalidad democrática".

García-Sayán indicó que "naturalmente en situaciones de excepción está establecido en el derecho internacional la posibilidad de que se apliquen determinadas restricciones, incluso que en determinadas circunstancias y lugares se haga uso de las instituciones militares".

Como reflexión personal, ya que la Corte IDH no se ha pronunciado al respecto, dijo que "naturalmente los entes profesionalmente especializados para la prevención y el manejo de la seguridad interna, son y deben ser esencialmente los entes policiales, lo que no hace necesariamente ilegítimo que en determinadas circunstancias que para restablecer el orden se puede hacer uso de otros aparatos del estado".

"Sin embargo, el tema representa un reto muy grande que tiene que ver con cómo se fortalecen las capacidades judiciales, las capacidades de prevención e investigación del crimen a manos de la policía, y por supuesto, la forma en que la sociedad y sus órganos representativos a nivel local y municipal puedan participar en esa dinámica de prevención frente al delito", sostuvo.

El juez reiteró que "uno de los retos de la democracia, y no solamente para la Corte, es hacer frente al delito que a veces, en su forma de crimen organizado, ocupa espacios de poder, de relevancia y de control territorial que en algunas situaciones y circunstancias es competitivo o a veces superior al del Estado".

Además dejó en claro que "bajo ninguna circunstancia hay una sinonimia entre lo que significa protección a los derechos humanos, con inacción por parte del Estado, frente a la prevención y lucha contra el crimen; es legítimo, por parte de una sociedad democrática, utilizar todos los recursos disponibles dentro del marco de la Constitución y de la ley para la prevención y enfrentamiento al crimen".

jlr