Hace dos años, en mi calidad de presidente de la Comisión Global de Políticas de Drogas, realicé un llamado público a despenalizar el consumo de drogas y a experimentar con modelos de regulación legal. Mis colegas y yo hicimos este llamado en base al reconocimiento de que el prohibicionismo ha fracasado en muchos niveles. Durante demasiado tiempo, éste ha implicado el desaprovechamiento de inestimables recursos gubernamentales, que poco han beneficiado a la seguridad pública y la salud.

Apoyamos entonces la búsqueda de modelos de regulación legal, porque creemos que socavarán el poder del crimen organizado salvaguardando la salud y la seguridad. Por esta razón, creo que la propuesta de regular la mariguana en Uruguay es digna de seria consideración.

Hay una serie de factores de los que se concluye la necesidad de un control regulatorio en Uruguay y muchas otras partes del mundo; en particular, que los usuarios se encuentran atados al mercado negro criminal. Estas personas son efectivamente conducidas a un mercado ilegal de venta al por menor que no rechaza la venta a menores de edad, ni expresa preocupación por las personas que desarrollan consumos problemáticos, ni certifica el producto según requisitos sanitarios, y envuelve la cadena de suministro en un contexto de violencia y delincuencia.

Estos son sólo algunos de los peligros para las personas que hacen uso de mariguana. Pero el propio mercado genera preocupaciones adicionales. Los ingresos de este mercado sustentan una economía informal, cuyo alcance sólo puede ser adivinado. Los informes oficiales han estimado que el tamaño del mercado de la mariguana en Uruguay ronda entre 30 y 40 millones de dólares anuales. ¿Cuánto de este dinero es utilizado para corromper a las fuerzas de seguridad a lo largo de las fronteras de los países de origen? ¿Cuánto de este dinero es utilizado para sobornar a la policía o es blanqueado a través de instituciones financieras? ¿Cuánto para comprar armas y financiar agrupaciones delictivas?

Estas preocupaciones no son consecuencia del consumo de drogas. Son consecuencias de una política que no acepta las condiciones del mundo real. La propuesta de regulación que se debate en Uruguay no parece centrar sus esfuerzos en la generación de ingresos, sino más bien en la promoción de la salud y la seguridad pública. Pero también es lógico que esta propuesta pueda ser una adición por sustracción. Simplemente tomar el dinero del mercado negro sería un beneficio en sí mismo.

Como en todos los rincones del mundo, la transformación incipiente de la política de drogas genera controversias, simpatizantes y detractores. En Uruguay, diversas organizaciones sociales y personalidades hoy han consolidado “Regulación Responsable”, una plataforma que tiene como fin enriquecer el debate ciudadano con información real y visibilizar el apoyo a la iniciativa de regulación de la mariguana. Con mucho entusiasmo saludo el compromiso de la ciudadanía uruguaya y con satisfacción adhiero públicamente a Regulación Responsable.

* Ex presidente de Brasil