WASHINGTON.— Un día después de que el Senado de Estados Unidos aprobara su proyecto de reforma migratoria, líderes comunitarios y expertos mostraron sentimientos encontrados frente a un proyecto de ley que si bien legalizará a millones, supondrá un “elevado grado de compromiso” para reforzar la seguridad fronteriza, con una inversión superior a los 46 mil millones de dólares.

Además, externaron sus dudas frente a una inversión multimillonaria que deberá sujetarse necesariamente a una política de austeridad que ya obliga al gobierno de EU a recortar recursos en materia de servicios sociales del sector salud o educativo.

“El reforzamiento de la seguridad fronteriza puede que finalmente sea una de las peores inversiones para cumplir un objetivo que, en gran medida, se va a conseguir con la entrada en vigor de la reforma migratoria que abrirá las puertas a miles de trabajadores que podrán ingresar legalmente. Muchos ya no tendrán la necesidad de ingresar ilegalmente”, señalaron distintos grupos.

Aunado a ello, organizaciones como la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) advirtieron contra un aumento exponencial de la Patrulla Fronteriza que, una vez que quede desplegada con 40 mil efectivos a lo largo de la frontera, podría quedarse “sin objetivos claros por cumplir”, ante el desplome de ingresos ilegales en los últimos dos años.

“Si tenemos que un agente de la Patrulla Fronteriza podría aprehender a 10 personas por año, es difícil pensar que el reducir el número de aprehensiones compensa el costo de la inversión”, añadió en referencia a los 46 mil 300 millones de dólares que serían invertidos entre el 2014-2023 para tratar de sellar la frontera con México. Líderes de distintas organizaciones consideraron que, aunque el gobierno de México ha tenido un grado de intervención mínimo y tras bambalinas, una vez que se produzcan los votos en ambas y cámaras y se entre en la fase de conciliación, la diplomacia mexicana tendría que entrar en acción para cabildear.

“En ese momento México va a tener que levantar la voz, porque no puede ser que el destino de millones de mexicanos se vea impactado y el jefe del ejecutivo se mantenga en silencio. Sería un gravísimo error”, consideró Juan José Gutiérrez de la organización Vamos Unidos USA.

“En estos momentos sería imprudente que el gobierno mexicano tenga una mayor visibilidad en toda esta negociación. Pero, al mismo tiempo, el gobierno mexicano tendrá la obligación de intervenir en la parte decisiva del proceso porque es su derecho y, además, tiene esa prerrogativa política y diplomática para velar por el interés de sus ciudadanos y su soberanía”, añadió.

Respecto al tiempo que necesitará un indocumentado para salir del limbo legal, la mayoría de los analistas coinciden en señalar que el camino será de aproximadamente 15 años en promedio y, además, exento de todos los beneficios sociales, a pesar de que quienes accedan a un estatus provisional estarán obligados a pagar impuestos o demostrar que han estado cumpliendo sus obligaciones fiscales desde que ingresaron a EU.

Las perspectivas de una aprobación de la reforma migratoria en la Cámara de Representantess eran sombrías el viernes, pero algunos republicanos dieron indicios de que ofrecerían un camino para que los 11 millones de indocumentados en el país accedan a un estatus legal, sin llegar necesariamente a la ciudadanía. Un asesor de alto rango en la Cámara Baja, que habló bajo condición de anonimato, dijo que ese plan podría ser presentado en la Cámara a fines de este año, pero que tendría que contener algunas disposiciones más duras que la medida del Senado. (Con información de agencias)