SAN JOSÉ.— El escándalo que estalló el pasado fin de semana en Costa Rica por un viaje que la presidenta Laura Chinchilla hizo a Perú en un avión que le prestó una empresa petrolera canadiense radicada en Panamá y con operaciones en Colombia, cobró ayer su primera víctima: Francisco Chacón renunció como vocero presidencial y ministro de Comunicación.

El avión N93CW, propiedad de la petrolera THX, fue prestado a Chinchilla por el empresario colombiano Gabriel Ricardo Morales Fallón, ejecutivo de la firma, condenado en su país por falsedad material e investigado por presuntos nexos con el narcotráfico colombiano y blanqueo de dinero.

Chacón dimitió por considerar que fue engañado por Morales Fallón, ya que en un principio se le identificó como Gabriel Olafán, aunque luego se confirmó que en realidad se trata del controversial hombre de negocios que ha sido indagado en su país por presuntos lazos con el narcotraficante colombiano Luis Carlos Ramírez, alias Chupeta y ahora preso en Brasil.

Morales rechazó los cargos en 2006. Informes de medios de prensa colombianos difundidos en las últimas horas en esta capital revelaron que el empresario es dueño de un terreno en la caribeña zona de Cartagena que fue utilizado por Chupeta. Morales fue sentenciado en su país en 2010 a 36 meses de cárcel por falsedad material.

Chacón reconoció que el gobierno costarricense debió investigar, y no lo hizo, los antecedentes de Morales y de la petrolera.

El escándalo estalló el sábado. Ese día, sin avisar al Poder Legislativo sobre su salida del país y con los costos operativos del avión pagados por la petrolera, Chinchilla viajó a Perú junto a su esposo, José María Rico y dos de sus principales colaboradores—Chacón y su esposa, la ministra de Comercio Exterior, Anabel González— para asistir a la boda del hijo de su segundo vicepresidente, Luis Lieberman.

Chinchilla tuvo una cita de apenas 40 minutos con el presidente de Perú, Ollanta Humala. Sectores legislativos de la oposición política atacaron a Chinchilla por presunto enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses por aceptar favores de la petrolera.

Chinchilla dijo ayer a la prensa que pagó hospedaje y alimentación en Lima con su tarjeta de crédito. “No se ha tocado ni un solo cinco de los costarricenses”, adujo.

El conflicto es investigado por la Procuraduría de la Ética y la fiscalía general, ya que costo real del servicio del avión por el traslado ida y vuelta hacia la capital peruana ha sido calculado entre 47 mil y 60 mil dólares por medios locales.