WASHINGTON.— Tras varios meses de intensas negociaciones, la Cámara de Comercio y la central sindical AFL-CIO anunciaron ayer un principio de acuerdo para regular el futuro flujo de trabajadores a Estados Unidos, en el marco del proyecto de reforma migratoria que se negocia actualmente en el Congreso.

“Ambas partes han llegado a un acuerdo para emitir este paquete de recomendaciones al grupo de senadores demócratas y republicanos que encabezan las negociaciones”, confirmó Gonzalo Salvador, portavoz de AFL-CIO.

Entre las recomendaciones que incluye el principio de acuerdo, alentado por el propio grupo de senadores que encabezan las negociaciones en el Senado, figura la creación de “un nuevo tipo de programa de visa laboral que no mantenga a todos los trabajadores en un estatus temporal permanentemente, proporcione una movilidad laboral que dé acceso prioritario a puestos de empleo disponibles a trabajadores estadounidenses y se ajuste automáticamente conforme la economía estadounidense se expanda y contraiga”.

Diversas organizaciones se congratularon por este principio de acuerdo sobre un aspecto que quedó sin resolver en la propuesta de reforma migratoria de 2007. “Las piezas del rompecabezas para armar un proyecto de reforma migratoria justo y amplio han comenzado a caer y facilitan el trabajo a cargo de una comisión bipartidista en el Congreso”, aseguró Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, al calificar como un “cambio de juego” la decisión de los empresarios y sindicatos de coordinar sus acciones con el Congreso en el marco de un proyecto de reforma migratoria.

Independientemente del lenguaje definitivo de implementación, que quedará en manos de los legisladores que confeccionan la iniciativa de reforma migratoria, la patronal y los sindicatos coincidieron en dos grandes principios: que “los trabajadores estadounidenses deben tener acceso prioritario a puestos de trabajo disponibles” y que, cuando la oferta laboral abra las compuertas a la contratación, “nuestras leyes permitan a empresas contratar a trabajadores extranjeros sin pasar por un proceso difícil e ineficiente”.

Hasta ahora, el sector patronal y los sindicatos han tenido posiciones encontradas en cuanto a la regulación de trabajadores temporales: los empresarios siempre han ido a la repesca de la mano de obra más barata —en algunos casos sin importar su estatus migratorio— y los sindicatos siempre se han mostrado reacios a permitir el libre flujo de trabajadores temporales extranjeros que desplacen a ciudadanos estadounidenses.

En tanto, activistas denunciaron los “tremendos costes” y la “saturación” de las dependencias judiciales en zonas fronterizas de EU por la Operación Streamline, por la que miles de indocumentados son procesados y sentenciados anualmente.