WASHINGTON.— Más de 50 organizaciones religiosas se sumaron ayer a la avalancha de instancias jurídicas y peticiones elevadas ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, en apoyo a la demanda del gobierno de Barack Obama contra la ley antiinmigrante SB1070 que promulgó la gobernadora de Arizona Jan Brewer, en abril de 2010, por considerarla anticonstitucional.

“Tenemos confianza en que la Suprema Corte declarará la inconstitucionalidad de la SB1070. Sin embargo, si el alto tribunal es incapaz de rechazar esta ley, nosotros permaneceremos al lado de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes”, advirtió la obispo Minerva Carcaño de la Iglesia Metodista del Suroeste, para fijar postura ante una iniciativa de ley que será estudiada por los nueve magistrados de la Suprema Corte a partir del próximo 25 de abril.

El nivel de desconfianza que despiertan los cinco magistrados del sector conservador, quienes en opinión de un creciente sector de la opinión pública favorecen al Partido Republicano, ha generado temor de que la resolución sobre la SB1070 alcance el mismo grado de parcialidad y politización que se ha visto en el caso de la ley de salud.

Ante esta posibilidad, un grupo de más de 50 organizaciones religiosas se ha sumado a una coalición de 11 estados liderados por Nueva York, que esta misma semana presentaron una instancia jurídica ante el Tribunal Supremo para alegar la inconstitucionalidad de la SB1070 que criminaliza a los inmigrantes indocumentados. A esta avalancha de peticiones e instancias judiciales se ha sumado el gobierno de México como “amigo de la corte” (amicus curiae) ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, para apoyar la demanda de la administración Obama contra la citada ley.

“Un fallo a favor de la ley de Arizona sería autorizar y alentar a otros Estados, en todas partes del país, a promulgar sus propias versiones de la SB1070 y reflejaría sus propias y conflictivas preferencias de expulsión. Ante este mosaico de competencias inconsistentes, y las políticas irreconciliables de remoción, se socava totalmente la provisión del Congreso para establecer la dirección y la supervisión federal en todo el país” establece el recurso presentado esta misma semana por una coalición de 11 estados.

Entre los argumento presentados por los fiscales esos 11 estados se sostiene que los estados tienen autoridad para promulgar y aplicar una amplia variedad de leyes que afectan a los inmigrantes, pero sólo el gobierno federal puede establecer y supervisar una política de expulsión.

“México se mantendrá atento al desarrollo de la audiencia de este caso”, dijo la Cancillería en un comunicado reciente.