MADRID.— El 7 de junio de 1968, el guardia civil de 25 años, José Ángel Pardines Arcay, se convirtió en la primera víctima oficial de la organización terrorista vasca ETA. España vivía los últimos años del régimen de Francisco Franco. Una dictadura en la que sólo había un partido político: el Frente Nacional, en el que el castellano era la lengua oficial y no se permitía el uso de ninguna otra (como el euskera), ni existían las comunidades autónomas.

Aquel fue el primer asesinato de ETA; Pardines era el primer guardia civil muerto a manos de la organización independentista, pero no fue el último. Durante los siguientes 43 años la ETA asesinó a 829 personas entre militares, políticos, jueces, periodistas y personas anónimas. Y lo hizo con coches-bomba, disparos a bocajarro y potentes explosivos colocados en centros comerciales, plazas, calles, cuarteles, cafeterías y en aeropuertos.

También secuestró a 80 personas, incluidos empresarios vascos a quienes exigió el pago del llamado “impuesto revolucionario”, así como a funcionarios de prisiones.

La ETA se fundó en 1959 como un “movimiento revolucionario vasco de liberación nacional”, con el objetivo de lograr la liberación nacional de Euskadi (País Vasco) y de luchar contra el régimen de Franco. Hasta 1968, la banda se había limitado a cometer atracos y a llevar a cabo pequeños atentados con explosivos contra edificios gubernamentales y símbolos del franquismo, sin provocar víctimas.

Pero en 1968, en respuesta a la dura represión llevada a cabo como consecuencia del estado de excepción decretado por el régimen, ETA decidió apostar por la “lucha armada”. Los asesinos de Pardines fueron detenidos y uno de ellos murió en la persecución policial. En venganza, ETA asesinó al almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno y mano derecha de Franco, y su sucesor.

El asesinato conmocionó a la opinión pública. Fueron muchos los que se alegraron de que ETA hubiera acabado con la posibilidad de una continuidad del régimen. Pero las muertes de la organización no acabaron ahí. Los atentados dejaron de ser en el País Vasco y pronto se extendieron a toda España. Franco respondió con más mano dura y dos meses antes de morir firmó la condena a muerte para cinco etarras.

Con la desaparición del dictador y el inicio de la transición se pensó que ETA dejaría las armas y se convertiría en un partido político. Sin embargo, los atentados no sólo no cesaron, sino que durante los años siguientes aumentaron, siendo algunos de ellos auténticas matanzas. ETA, que hasta entonces había contado con los apoyos de muchos ciudadanos que estaban hartos de la represión del franquismo, comenzó a ser repudiada.

Los ciudadanos no entendían cómo en la España de 1979, con una Constitución que reconocía las autonomías, con un estatuto vasco que otorgaba al País Vasco la capacidad para formar su propio gobierno, elegir su propio Parlamento, celebrar sus propias elecciones municipales y autonómicas, tener su propia policía, bandera, y lengua, y disfrutar de su propio presupuesto y régimen fiscal, entre otras competencias, la organización terrorista vasca siguiera matando.

A lo largo de más de 40 años cuatro presidentes del gobierno: Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, negociaron sin éxito con la banda, que llevó a cabo varias treguas y altos el fuego. Pero ahora, por fin, ha hecho el anuncio que todos los españoles llevaban años esperando. Que definitivamente deja la lucha armada.