LONDRES (Agencias).— Miles de policías adicionales fueron apostados en las calles de Gran Bretaña el viernes, mientras el país enfrenta su primer fin de semana desde los disturbios que provocaron destrozos severos en suburbios y centros de ciudades, dejando a su paso un paisaje de vidrios rotos y edificios calcinados.

La policía de Londres, que atestiguó la peor ola de violencia, presentó cargos contra unas 800 personas por actos de violencia, desorden y saqueos, y el alcalde de la ciudad dijo que los londinenses querían ver duras sentencias para los culpables.

Cientos de tiendas fueron saqueadas, un gran número de edificios incendiados y cinco personas murieron en medio del caos que estalló hace una semana en Londres y se extendió durante cuatro noches por toda Inglaterra.

En tanto, la policía rechazó los reclamos de que fue demasiado blanda en su respuesta inicial ante los disturbios. El primer ministro británico, David Cameron, dijo que los oficiales estaban abrumados al principio, superados por bandas móviles de alborotadores. Agregó que “muy pocos policías fueron desplegados en las calles y las tácticas utilizadas no funcionaban”.

Pero todo eso cambió el martes cuando 16 mil uniformados fueron desplegados en las calles de Londres, casi el triple que la noche anterior. Cameron dijo que los policías adicionales seguirán vigilando durante el fin de semana. Más de mil 700 personas han sido arrestadas en todo el país.

Los tribunales en Londres, Birmingham y Manchester se mantuvieron abiertos por segunda noche consecutiva para hacerse cargo de presuntos agresores. Entre las víctimas se encuentran tres hombres que fueron atropellados por un vehículo en Birmingham cuando defendían su vecindario. La policía interroga a tres sospechosos por estos asesinatos.

Además, los detectives iniciaron una investigación después que un hombre de 68 años fue hallado muerto en una calle de Londres, tras enfrentarse con los agitadores y murió por las heridas, el jueves por la noche.

Un joven de 22 años fue arrestado el viernes bajo sospecha de asesinato. Entre los supuestos saqueadores y vándalos se encuentran un niño de 11 años, una adolescente bailarina de ballet, un estudiante inglés de un próspero poblado cercano y Natasha Reid, una joven de 24 años que terminó una carrera universitaria y quien admitió haber robado un televisor de una tienda de electrónica que fue saqueada.

Su abogado dijo que la joven se entregó por su propia voluntad porque la culpa no la dejaba dormir. Un juez le dijo que probablemente iría a prisión una vez que sea sentenciada.

Otra detenida es Chelsea Ives, una joven de 18 años que fue electa embajadora voluntaria para las Olimpiadas de 2012. A Ives se le acusa de robo, desorden violento y de arrojar ladrillos contra un policía durante los disturbios del domingo en el norte de Londres.

En tanto, la policía colocó el viernes en el centro de Birmingham una gran pantalla con imágenes sobre los disturbios en la ciudad el martes, urgiendo a la gente a informar a la policía si reconocen a alguien.

El padre de un adolescente procesado por los disturbios en Londres, que vive como inquilino en un piso de protección oficial, recibió el viernes la orden de desalojo, la primera de este tipo que se dicta desde que se inició la ola de violencia en el Reino Unido.

El desalojo fue decidido por el consejo municipal del distrito de Wandsworth, en el sur de Londres, cuya máxima responsable, Ravi Govindia, justificó la decisión en la necesidad de que quienes causaron los destrozos en locales y negocios de la zona paguen un “precio justo por su conducta”.

Govindia aseguró que la policía del distrito seguirá trabajando con los jueces para identificar a otros inquilinos de pisos de protección que puedan estar implicados en los disturbios.

Además insistió en que la mayoría de los ciudadanos de este tipo de viviendas son personas “decentes” a los que las autoridades les deben medidas como ésta, que suponen un mensaje claro de que este tipo de violencia “no será tolerada”.

Cameron llamó el jueves a las comunidades afectadas a hacer uso de su derecho de echar de las viviendas sociales a los violentos y sus familias.