BUENOS AIRES.— Brasil va camino a convertirse en la octava economía mundial. Los más importantes analistas internacionales ven al país sudamericano como una nueva potencia regional, aun con sus altos índices de desigualdad social, y todo por lo hecho en los últimos ocho años por la administración del ahora saliente presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que respetó los logros del anterior gobierno y los convirtió en política de Estado.

La administración de Lula respetó la autonomía de la entidad monetaria, pero no alteró la tasa de interés, siempre por encima del 12% anual, como se había prometido en el inicio. Negoció y negoció con los sectores empresariales hasta alcanzar acuerdos, incluso con aquellos que en el pasado operaron en contra del todavía presidente.

Se destinaron más de 100 mil millones de dólares a planes sociales, pero no se avanzó en la reforma agraria, con la que Lula y su partido, el de los Trabajadores, estaban comprometidos.

Por todo eso, y por mucho más, el gobierno que recibirá el sábado Dilma Rousseff será el de un país pujante y con inmejorables oportunidades de alcanzar el anhelado carácter de potencia, lo que para ella, hacedora de muchos de esos logros desde la cúpula del gabinete, no representa sorpresa alguna. El país que ahora administrará “la gestora” ex ministra jefe de la Casa Civil, es un país en pleno crecimiento. Un país al que la administración de Fernando Henrique Cardoso (1995- 2002) supo dotar de un fortaleza institucional y los parámetros económicos que moldearon este crecimiento con desigualdad social.

Para algunos de los que celebraron la llegada de un obrero metalúrgico al poder en 2002, como el politólogo argentino Atilio Borón, lo de Lula en el gobierno “fue posibilismo conservador”, pero sin duda deja un Brasil más pujante que el que recibió. Borón recuerda que no se han plasmado reformas sociales de fondo, como la agraria, que terminó separando del gobierno a los aliados históricos del PT, el Movimiento de los Sin Tierra (MST).

Justamente esa reforma agraria y las mejoras constantes en el terreno de la educación, son las patas que le faltaron a ese achicamiento de la pobreza durante la era Lula y las que la administración Rousseff deberá montar con cierta premura.

Más de 30 millones de personas abandonaron la pobreza o la pobreza extrema. Se calcula que son 20 millones de brasileños los que en estos años han ingresado al mercado de trabajo, en un universo de 120 millones de pobres y personas por debajo de la línea de pobreza. El empleó creció 14% y los salarios tuvieron un incremento de 53% en estos años, en el que la inflación logró ubicarse entre el 4 y 5% (se prevé 4.5 para este año). Eso se traduce en un mercado interno más sólido.

Además, fue la administración Lula la que en el tramo final de su gestión llevó a cabo lo que millones de brasileños aguardaron por años: el combate abierto contra el narcotráfico focalizado en las favelas cariocas, un rubro en el que el gobierno de Rousseff deberá profundizar para llegar al mundial de 2014 con un “Río de Janeiro pacificado hasta en el último rincón y el último morro”, tal cual prometieron en distintas oportunidades, el gobernador Sergio Cabral y el propio Lula.

Pero será la desigualdad la cuenta que quedará en la columna del debe en el balance de Lula sobre su gestión, un gesto para que “se sepa qué hicimos, en qué acertamos y en qué erramos”, dijo el propio Lula al presentarlo en días pasados. El 42.5% de la riqueza brasileña está en poder de 10% más acomodado de la población y el 10% más pobre recibe sólo 1.2% del PIB, según lo que se desprende del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

Estos datos dejan a Brasil en uno de los peores lugares de Latinoamérica en materia de distribución del ingreso. Hasta 2009 la economía había crecido 27.2% y para este año se espera un alza de 7.6%, según los pronósticos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE). Parte de ese crecimiento se fue en gasto social. Los datos que el gobierno puede mostrar en reducción de pobreza se deben en gran parte a los 7.6 mil millones de dólares que el gobierno destinó cada año a los planes sociales, como el “Bolsa Escola” y “Hambre Zero”.

Así, Rousseff recibirá el país con esas cifras y la necesidad de seguir acortándolas. Recibirá un país “con una mayor influencia internacional, pero que deberá enmendar algunos errores cometidos durante la administración Lula”, dice el analista Ricardo Sennes. “El país ganó proyección, pero no tuvo éxito en todo lo que tocó”. No se consiguió un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU y se registraron momentos de distanciamiento con Estados Unidos. Puede resultar sintomático que el canciller designado, Antonio Patriotra, sea el último embajador en EU. Pero para comprobar si se trata de una estrategia de mayor acercamiento a Washington habrá que esperar hasta la semana próxima, cuando Dilma Rousseff tome posesión.