WASHINGTON.— A sólo unas horas de la votación en el Senado estadounidense, que decidirá la suerte de la Dream Act, la administración del presidente Barack Obama, agencias del Departamento de Seguridad Nacional y distintas organizaciones que respaldan la legalización de hasta dos millones de hijos de indocumentados protagonizaron ayer un apurado cierre de filas para pedir a demócratas y republicanos estar a la altura de las circunstancias.

“El Senado puede hacer lo correcto” y aprobar una ley que supondrá “un tremendo beneficio al país” y brindará a miles de jóvenes estudiantes la oportunidad de contribuir a la sociedad “con su creatividad e ingenio”, aseguró ayer el secretario de Educación, Arne Duncan, en el inicio de una intensa jornada de contactos con los senadores que aún mantenían en suspenso el sentido de su voto. Según el recuento de votos que apura el líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, por el momento el número de votos oscila entre los 51 y 53, es decir, a sólo siete escaños de distancia de los 60 votos que son necesarios para impedir el bloqueo de los republicanos.

La labor de cortejo que han desplegado desde miembros de la administración hasta decenas de estudiantes indocumentados que han viajado desde distintos puntos del país se concentraba en el curso de las últimas horas sobre un grupo de hasta cinco senadores republicanos que podrían marcar la diferencia.

“Confiamos en que, a los dos republicanos que ya tenemos seguros (Richard Lugar, de Indiana, y Robert Bennet, de Utah), se le sumen otros más las próximas horas”, dijo Frank Sharry, de la organización America’s Voice.

La cuenta regresiva para el voto de la Dream Act en el Senado culminará hoy con el recuento final de votos y la movilización de decenas de jóvenes que han permanecido en vigilia, con la esperanza de arrancarle al Senado el sí definitivo a un proyecto de ley de más de 10 años que podría hacerle justicia a una población de entre uno y dos millones de hijos de indocumentados.

“Esta es una batalla muy personal”, dijo Duncan durante una conferencia en la reconoció la posibilidad de una derrota y la necesidad de optar por un “plan B” para evitar que cientos de miles de jóvenes se encuentren a merced de operaciones de redadas y deportaciones exprés.

“Estamos muy esperanzados en que el Senado apruebe finalmente esta iniciativa. De no ser así, estaríamos condenando a una generación más de estudiantes y Estados Unidos no puede darse ese lujo en estos momentos”, aseguró Janet Murguía, del Consejo Nacional de La Raza. “Los hispanos vamos a estar muy pendientes de quiénes votan a nuestro favor”, añadió Murguía.

La aprobación de la Dream Act permitiría “enfocar nuestra energía en los contrabandistas, traficantes de personas y organizaciones criminales”, argumentó el comisionado adjunto de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), David Aguilar.

En caso de aprobarse, la ley Dream Act podría beneficiar a un conglomerado de entre uno y dos millones de hijos de indocumentados que decidan proseguir con sus estudios universitarios o enrolarse en las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el Instituto de Política Migratoria (MPI), actualmente hay poco más de 2.1 millones potencialmente elegibles, aunque el más reciente informe de la Oficina del Presupuesto en el Congreso ha reducido esta cifra a los 1.1 millones de jóvenes. Cada año, poco más de 65 mil estudiantes indocumentados que se gradúan de la secundaria se ven impedidos de proseguir con sus estudios universitarios.