WASHINGTON (Agencias).— Una coalición de 14 grupos cívicos de Estados Unidos y 10 individuos entablaron ayer una demanda contra las autoridades de Arizona para frenar la ley SB1070, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados en ese estado, por considerarla “anticonstitucional”.

La demanda ante un tribunal federal en Phoenix (Arizona) se produce en vísperas de la primera visita oficial a EU del presidente Felipe Calderón, a partir de mañana, y en unos momentos de gran tensión entre ambos países por la ley SB1070, promulgada el pasado 23 de abril.

“Estamos presentando la demanda de mayor alcance contra esa ley... para impedir que jamás entre en vigor”, explicó en conferencia telefónica con la prensa, Lucas Guttentag, director de asuntos migratorios de la Unión de Libertades Civiles de EU.

Según los activistas, la SB1070 interfiere con la autoridad del gobierno en asuntos de inmigración y viola una cláusula de la Constitución que establece la “supremacía” de las leyes federales respecto a las estatales; legaliza la discriminación racial y además viola el derecho a la libertad de expresión.

Diversos grupos cívicos protagonizaron sendas protestas en Washington y Nueva York para condenar la SB1070 y exigir una reforma migratoria integral.

En la de Nueva York, dos concejales y otras 18 personas fueron detenidas en el sector de Manhattan tras participar en actos de desobediencia civil.

En Washington, más de mil manifestantes acudieron al Departamento de Seguridad Nacional para exigir, además de la anulación de la SB1070, un cese a las redadas y deportaciones.

Policía, dividida

La nueva ley de Arizona ha producido divisiones en la Policía de Estados Unidos, generando enfrentamientos entre agentes con sus superiores y suscitado temores de que frustre los esfuerzos por combatir la delincuencia en comunidades hispanas.

Dos policías impugnaron la ley en un tribunal, mientras sindicatos de agentes que cabildearon por la normativa la defienden.

Ambas partes debaten cómo puede aplicarse una ley como esa sin que derive en la detención de hispanos por su apariencia racial, y sin que cause un distanciamiento con residentes en vecindarios latinos con quienes la Policía lleva años intentando forjar una relación de confianza.

El senador republicano y ex candidato presidencial John McCain insistió ayer en la urgencia de enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México, ante la inseguridad en la zona, en vísperas de la visita oficial a EU del presidente Felipe Calderón.

McCain insistió en el envío de la Guardia Nacional a la frontera entre Arizona y México durante una audiencia en el Senado en la que la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, explicó la respuesta del gobierno al derrame de petróleo en el golfo de México. Presionada por McCain, Napolitano dijo que la decisión del envío de miembros de la Guardia Nacional a la frontera depende de una serie de consultas entre el Pentágono, el Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca.