CARACAS (AP).— El presidente Hugo Chávez anunció ayer que su gobierno nacionalizó unas 60 empresas y asumió el control de los activos de contratistas petroleras que operan en el lago de Maracaibo, apoyado en una nueva ley que reserva al Estado los bienes y servicios de las actividades primarias de hidrocarburos.

Chávez dijo, en un acto que fue transmitido en cadena de radio y televisión desde el lago de Maracaibo, que su gobierno nacionalizó “60 empresas”, y tomó el control de 300 lanchas, una planta de tratamiento de inyección de agua, y 39 terminales de actividades acuáticas pertenecientes a contratistas petroleras, tal como había anunciado la noche del jueves.

“Estamos avanzado en la construcción del socialismo con los trabajadores”, dijo el mandatario desde el lago de Maracaibo, unos 500 kilómetros al oeste de Caracas. Chávez aseguró que la toma de los activos de las contratistas petroleras permitirá una reducción de “20%” en los costo de producción del petróleo, lo cual hará bajar en “500 millones de dólares” los gastos de la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) al año.

“Aquí en esta zona producir un barril de petróleo cuesta casi ocho dólares, poco menos, pero pongamos ocho, redondeando. Casi la mitad, el 40% se iba hacia las contratistas. Ahora se irá hacia las contratistas: cero”, agregó.

Entre las empresas afectadas por el proceso de nacionalización están el consorcio SIMCO, que ha trabajado en actividades de inyección de agua a campos petroleros en el lago de Maracaibo por 10 años, y la estadounidense Williams Companies Inc.

La corporación internacional Wood Group, que tiene una participación de 49.5% en SIMCO, dijo esta semana en un comunicado que PDVSA tomaría sus activos en Venezuela tras haber sido notificada que había incumplido el pago de unas deudas. El vocero de Wood Group no pudo ser localizado de momento para emitir un comentario sobre la acción de las autoridades locales.

Williams Companies Inc. informó ayer en un comunicado que el gobierno venezolano se apoderó de dos de sus instalaciones de compresión de gas en el occidente del país. La empresa anunció a finales del mes pasado que tendría que asumir un cargo de 241 millones de dólares por sus operaciones en Venezuela y reclamó a PDVSA el pago de la deuda.

Julie Gentz, portavoz de Williams Companies Inc., dijo que el proceso pendiente con PDVSA por las deudas podría ser resuelto de manera amistosa. El ministro de Energía y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, informó que “están bajo control del Estado revolucionario más de 85% de las instalaciones y las actividades que están sujetas a esta ley”.

Según Ramírez, se detectaron empresas que “querían evadir la ley llevándose de nuestro territorio remolcadores y lanchas”.

El ministro informó en la víspera que serían expropiadas “300 lanchas, 30 remolcadores, 30 gabarras, 39 terminales y muelles, 61 lanchas de buzos, cincos diques de astilleros y 13 talleres” de contratistas petroleras y que 8 mil trabajadores del sector privado petrolero serían absorbidos por el gobierno.