WASHINGTON .— La administración del presidente estadounidense Barack Obama ha decidido la desclasificación de decenas de fotos del Pentágono en las que quedan plasmados los abusos perpetrados contra múltiples detenidos en las cárceles que EU convirtió en centros de interrogatorio y tortura en Irak y Afganistán.

La decisión forma parte de los acuerdos y recomendaciones que se han emitido como parte del proceso judicial entablado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Las fotos “son una prueba visual” de que los abusos a los presos fueron “mucho más allá de las paredes de Abu Ghraib”, la prisión que fue clausurada en Irak tras conocerse las torturas y vejaciones practicados por soldados estadounidenses contra los detenidos.

Según la ACLU, un número sustancial de fotos serán desclasificadas a partir del próximo 28 de mayo.

De acuerdo con el abogado de esta organización, Amrit Singh, se trata de fotos tomadas entre los años 2001 y 2006 que han sido seleccionadas por el Departamento de Defensa y podrían no resultar tan impactantes como las que fueron filtradas a los medios de comunicación en el año 2003, cuando los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la CIA decidieron que la culpa recayera en soldados de menor rango por las atrocidades cometidas en Abu Ghraib.

Esta noticia sólo ha atizado el ambiente de intensa polémica tras la decisión de desclasificar una serie de memorándums que confirman la práctica de la tortura contra presuntos miembros de la organización terrorista Al-Qaeda.

Tras la intervención del fiscal general, Eric Holder, que apenas el pasado jueves se negaba a descartar la posibilidad de procesar a ex altos cargos de la administración Bush por su papel en el diseño, formulación o justificación de técnicas de interrogatorio que han sido definidas como tortura por la Convención de Ginebra, la batalla retórica se extendía hacia ambos lados del espectro político.

En un nuevo pronunciamiento, el senador y ex candidato presidencial republicano, John McCain, acusó a la administración Obama por sus deseos de “venganza política” y reiteró que desclasificar los memorándums secretos “ha sido un terrible error, más propio de una república bananera”.

McCain, junto con los senadores Joseph Lieberman y Lindsay Graham, han escrito una carta al presidente en la que le piden poner un alto a estas pesquisas.

Sin embargo, la administración Obama se enfrenta a la tremenda presión del centro moderado, la izquierda y un considerable número de medios de comunicación que le han pedido deslindar responsabilidades y, en su caso, castigar a los responsables.

Desde la ONU, el relator contra la tortura se manifestó esperanzado en que “la nueva administración de EU haga todo lo que puede y debe bajo la Convención Internacional contra la Tortura”.

El relator de la ONU, Manfred Nowak, dijo que Estados Unidos está obligado, según la Convención de la ONU Sobre la Tortura, a juzgar a los funcionarios del Departamento de Justicia que escribieron memos definiendo la tortura del modo más estrecho a fin de justificarla y legitimarla, y que aseguraron a la CIA que era legal el uso de tácticas cuestionables.

Nowak, profesor de derecho, dijo que corresponde a la justicia estadounidense demostrar que los memos fueron escritos con la intención de incitar a la tortura.

En medio de las intensas presiones que le llegan desde distintos frente a la Casa Blanca, un nuevo documento desvelado ayer por el diario The Washington Post ofrecía más argumentos a quienes están a favor de crear una comisión de investigación en el Congreso.

Según la versión que difundía ayer el Post en su página de internet, la oficina del Pentágono que concibió las duras técnicas de interrogatorio de presuntos terroristas advirtió en julio de 2002 que no producirían “información fidedigna”.

Además, en un documento enviado al representante jurídico del Pentágono, esa oficina se refirió a los métodos de dureza extrema contra los interrogados directamente como “tortura” y, acto seguido, hacía la siguiente advertencia: “El resultado no previsto de una política de EU que establezca esta política de tortura contra prisioneros podría ser usada por nuestros adversarios para justificar la tortura de estadounidenses capturados”, advirtió el documento de la Agencia Conjunta de Recuperación de Personal. (Con información de AP)