BUENOS AIRES.— Las apremiantes necesidades electorales y la presión social por el incremento de la delincuencia violenta, forzó ayer a la presidenta Cristina Kirchner a poner en acción un nuevo plan de seguridad para las provincias de Buenos Aires y Mendoza, para el que se convocará a personal retirado de la policía y de las fuerzas de seguridad, en el marco de la la conformación de “redes civiles”.

“Con más recursos vamos a seguir en todas las provincias que lo necesiten en un problema por demás complejo como el de la inseguridad. Sin trabajo, con gente mal pagada, no hay ni GPS ni patrullero que alcance. Que la gente tenga trabajo y sea calificado es central para el tema de seguridad”, explicó la presidenta durante un acto en la residencia oficial de Olivos.

El plan, que tendrá un costo de unos 107 millones de dólares prevé la incorporación de cuatro mil efectivos retirados de la Policía, mil 500 gendarmes (policía de Fronteras) y otros tantos de la Prefectura (guardacostas). Además, se sumarán unos 500 nuevos móviles policiales equipados con sistemas de posicionamiento satelital (GPS) para conocer su ubicación, a la vez que se instalarán unas cinco mil cámaras de video en la vía pública.

Asimismo, se incluye la la provisión de 21 mil 500 teléfonos móviles a las redes de alerta vecinales para que los habitantes colaboren con las fuerzas de seguridad en la prevención del delito.

La iniciativa se centrará en principio en las zonas de mayor conflicto, entre ellas el cordón urbano que rodea a la capital argentina y las ciudades de Mar del Plata, Mendoza y Bahía Blanca.

“Los picos de inseguridad coincidieron con los picos de desocupación”, como fue en la crisis de 2001 y 2002, indicó la mandataria y destacó que “no es sólo el tema de la pobreza, está comprobado que la brecha social, la convivencia de la extrema pobreza con la extrema riqueza es lo que acrecienta los niveles de inseguridad”.

Con críticas a la prensa por parte del Ministro de Justicia, Aníbal Fernández, la jefa de Estado calificó de “sumamente importante incorporar a la comunidad” al plan y recordó que “cuando uno recorre otros países y enciende la televisión, como en Nueva York, Roma, Madrid, México, Río de Janeiro, saben que no sucede en absoluto lo que pasa en Argentina, donde un asalto, un homicidio, o una toma de rehenes la pasan todo el día de la mañana a la noche”, en un ataque directo a los medios de comunicación.

Después de varias marchas por la ola creciente de asaltos y asesinatos, las declaraciones de famosos, como la diva de la televisión Susana Giménez, quien se declaró a favor de la pena de muerte, al decir “el que mata debe morir” tras el crimen de uno de sus colaboradores en un asalto, el gobierno terminó por hacerse cargo de un flagelo que, según las encuestas, es el que “más pesa a la hora de la merma de votos” que por estos días vendría sufriendo el gobierno en los sondeos, según fuentes de la consultora Mora y Araujo.

En las últimas semanas, dos miembros de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados, Eugenio Zaffaroni, y Carmen Argibay, habían relativizado el crecimiento en el índice de delitos y rechazado los reclamos de “mano dura” contra los delincuentes comunes.

En el caso de Argibay, fue muy crítica con las más de 20 mil personas que hace nueve días marcharon contra la inseguridad aquí y en varias ciudades del país. “Yo no he visto a esas personas marchando por el hambre y por la pobreza. Así no vamos a ningún lado. Ponemos el caballo atrás del carro”, apuntó.

Por si acaso, y para resistir a las presiones, el gobierno se definió finalmente ayer por anunciar un plan a 90 días de las elecciones en donde se juega nada más y nada menos que la gobernabilidad.