BUENOS AIRES.— Con un entrenamiento en la materia pocas veces visto, más de 9.7 millones de ecuatorianos son llamados hoy a volver a las urnas —por cuarta vez en 22 meses—, para aprobar o rechazar el texto constitucional que ayudará a concentrar el poder y habilitar la reelección del presidente Rafael Correa

Apoyado en un país, que desde hace años augura cambios, aunque sin saber hacia dónde, la Constitución sería aprobada por 55% de los sufragios, según el estudio de la consultora Cedatos Gallup, mientras que la firma Santiago Pérez le otorga al “Sí” dos puntos más, 57%.

Por su parte, el gobierno espera un respaldo superior a 65% de los votos.

De esta manera, Correa y su popularidad serían ratificadas, aunque el posible triunfo del “No” en la costeña Guayaquil, motor económico del país, podría convertirse en un foco de crisis política en el futuro inmediato. Así lo entiende el propio presidente, quien habló al cierre de la campaña de “la posibilidad de que aquí (en el puerto de Guayaquil) se construya un foco rebelde y separatista”.

De hecho, Correa dispuso una estrategia destinada a dar vuelta al voto en Guayaquil. Montó allí su cuartel general y dispuso la mayor parte de la energía de su campaña en esa región casi como una obsesión. A tal punto que el viernes le pidió a la misión de Observación de la OEA (que fiscaliza los comicios junto con comisiones de la Unión Europea y el Centro Carter), liderada por el chileno Enrique Correa, que legitime un eventual triunfo del “Sí” en la entidad para evitar que se presente una crisis postelectoral.

“Hay que estar con mucho cuidado con este argumento de siempre de los perdedores para deslegitimar la victoria, para seguir tratando de desestabilizar” o argumentando “un fraude”, dijo el jefe de Estado a los representantes de la OEA.

De ser aprobada la nueva Carta Magna con un voto superior al 50%, de inmediato se reinstalará la Asamblea Constituyente, donde el oficialismo posee la mayoría, para encargarse de reorganizar las funciones del Estado y preparar las elecciones generales presidenciales anticipadas en febrero próximo, en las que el presidente podría ser reelegido para un periodo que terminaría en 2013, con posibilidad de una nueva reelección, de modo que su mandato terminaría en 2017.

La nueva Carta Magna se compone en parte de reformas políticas y económicas con respecto al marco jurídico actual, como pasar de un modelo de libre mercado por “el social y solidario” con intervención del Estado, y prohíbe las bases militares extranjeras, como la estadounidense en Manta. Todas ellas reformas, a decir del presidente, tendientes a plasmar “el socialismo del siglo XXI”, del que Correa, de 45 años y autodefinido cristiano de izquierda, se confiesa militante.

Después de ser plebiscitado en las urnas, Correa ya anunció que el martes viajará a Manaos para entrevistarse con sus pares de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Hugo Chávez, para discutir proyectos y obras en común, como el plan multimodal Manta-Manaos, que ayudaría a vincular el Pacífico con el Atlántico y para celebrar lo que espera sea el pasaporte a la perpetuación en la Presidencia.