LA PAZ/SANTA CRUZ (Agencias).- Los prefectos (gobernadores) en Bolivia plantearon ayer mecanismos de censura o de revocatoria de mandato al presidente Evo Morales y otros funcionarios de elección popular, en respuesta a un anteproyecto impulsado por el Ejecutivo para fiscalizar la labor de estas autoridades departamentales.

José Luis Paredes, prefecto del departamento de La Paz (donde está la sede de gobierno), y Mario Cossío, de Tarija (sur), expresaron su malestar por la iniciativa de la administración de Morales, en la que advierten "intereses políticos".

"Es una censura política", señaló Paredes, al aludir al anteproyecto que remitió Morales al Congreso.

La propuesta oficial abre la posibilidad para que los gobernadores sean censurados por cualquiera de las dos cámaras del Congreso, hecho que los obligaría a presentar su renuncia ante el presidente, quien decidirá su continuidad en el cargo.

Paredes respondió ayer con dos propuestas que incluyen al mandatario Morales, quien asumió su cargo en enero pasado.

"Uno (de los proyectos) es la censura presidencial... Somos nueve departamentos, pero (si) cinco consejos por unanimidad aprueban la censura del presidente, eso debería implicar la renuncia del presidente", explicó.

"No podemos concebir que haya un presidente que no trabaje con la mayoría de las regiones de un país", agregó en entrevista con noticiarios.

La otra iniciativa tiene que ver con un "referéndum revocatorio" para "todas las autoridades electas", detalló Paredes.

"(El proyecto es que) el prefecto, el presidente, el diputado uninominal, el asambleísta pueda ser revocado de su mandato a petición de un 5% de los ciudadanos que votaron en esa jurisdicción", dijo.

Coincidiendo con la propuesta de los prefectos, una huelga de hambre, en rechazo a una norma que da al oficialismo el control sobre la aprobación de una nueva Constitución, se extendió ayer a cien personas en cinco ciudades del país. La acción de protesta de los huelguistas opositores se ha extendido desde la ciudad de Sucre -al sur-, sede de la Asamblea, a La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí.

La huelga de hambre fue iniciada por la opositora Unidad Nacional en rechazo de una norma que introdujo la mayoría oficialista en el reglamento de debates de la Asamblea Constituyente y que permite aprobar por el 50% más uno de los votos en ese foro la nueva constitución.

En este contexto, la principal fuerza de la oposición en Bolivia abogó por paralizar el funcionamiento del Senado, tras afianzar sus críticas a la decisión del presidente de no respetar la legalidad vigente en la aprobación de la futura Constitución.

"Vamos a pedir a todos los senadores que quieran que se respete la democracia que, hasta que no se restablezca el cumplimiento de la ley, paralicen el funcionamiento de la Cámara", dijo ayer el ex presidente Jorge Quiroga, jefe de la alianza conservadora Poder Democrático y Social (Podemos).

También los pobladores de la región de Santa Cruz desafiaron ayer al presidente Morales con una multitudinaria marcha que le exigió concertar con la oposición y no imponer los cambios que pretende.

En contraste, en Oruro, cientos de indígenas marcharon en demanda de tierras. Tres marchas de campesinas e indígenas se dirigen a La Paz y podrían llegar la semana próxima para presionar al Congreso a aprobar una ley de tierras que impulsa el presidente Evo Morales, pero a la que se oponen los empresarios agropecuarios y algunas regiones por considerarla unilateral y confiscatoria.