WASHINGTON.- Conforme transcurre el debate migratorio, el fantasma de la iniciativa del Senado 1200, la fallida ley de 1986 para una amnistía, recorre los pasillos del Congreso.

El presidente Ronald Reagan firmó aquella iniciativa para convertirla en ley con grandes fanfarrias y en medio de promesas de que garantizaría estatus legal a los inmigrantes indocumentados, combatiría a los empleadores que contrataran a trabajadores ilegales, y aseguraría las fronteras de una vez por todas. En vez de ello, el proceso se vio lleno de solicitudes fraudulentas; muchos empleadores siguieron contratando a indocumentados, y avanzó la inmigración ilegal.

Actualmente, los senadores que esperan poner la inmigración ilegal en el camino de la ciudadanía dicen que han aprendido del pasado. Pero algunos miembros del Congreso y ex funcionarios migratorios temen que la historia se repita.

Incluso quienes favorecen la legalización advierten que la actual iniciativa, que requiere que los inmigrantes ilegales declaren, entreguen recibos y otros documentos para probar su elegibilidad, puede alimentar una ola de documentos y solicitudes fraudulentas.

Demetrios G. Papademetriou, que estudió la amnistía de 1986 en el Departamento del Trabajo dijo que se vio alentado cuando escuchó que el Senado estaba a punto de garantizar estatus legal a los indocumentados. Sin embargo, el ahora presidente del Instituto de Política Migratoria dijo que sus esperanzas se vinieron abajo cuando supo más del proceso de legalización, que cree creará un mercado para los documentos falsos.

A finales de los 80, los funcionarios migratorios aprobaron más del 90% de las 1.3 millones de solicitudes de amnistía para un programa especializado dirigido a trabajadores agrícolas, aun cuando habían identificado un posible fraude en cerca de la tercera parte de ellas. La amnistía general, que legalizó a 1.7 millones de personas, funcionó mucho más eficientemente.

Papademetriou se pregunta: "¿No hemos aprendido nada?"

La iniciativa de 1986 y la que actualmente debate el Senado comparten algunas similitudes, pero también hay diferencias claras. Así, a diferencia de la amnistía de 1986, el actual proyecto en el Senado requiere que los inmigrantes ilegales trabajen y paguen cuotas e impuestos antes de convertirse en residentes permanentes legales.

La Cámara de Comercio, que se opuso a la iniciativa 1200, apoya la actual legislación que llama a la creación de un sistema computarizado para ayudar a los empresarios a verificar el estatus legal de sus empleados, prevé penas para quienes desobedezcan la ley y un programa de trabajadores para acomodar el flujo futuro de trabajadores inmigrantes. En tanto, el Departamento de Seguridad Interna está ampliando sus capacidades de detección de fraude.

Sin embargo, simpatizantes y críticos dicen que el sistema migratorio que contempla la actual iniciativa, al igual que la de 1986, podría ser vulnerable al fraude. En ese sentido, se ha expresado preocupación sobre el compromiso del gobierno para mantener un adecuado financiamiento para la seguridad fronteriza y la verificación de empleados.