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Las elevadas tarifas cobradas por las agencias de transferencia de remesas en Estados Unidos y la falta de información y de políticas públicas en México que impulsen proyectos productivos en las zonas receptoras, reducen la eficiencia de las remesas y perpetúan el ciclo de migración y de pobreza estructural.

De acuerdo con los hallazgos de Nuno Solano de Almeida, de la Universidad de Arkansas y la organización Acorn International, quien realizó una serie de entrevistas con receptores de remesas residentes en Nezahualcóyotl, donde se desprende que 37% de los emigrantes en Estados Unidos son ilegales, no cuentan con cobertura social y no tienen acceso a la banca.

En consecuencia, dependen de las agencias de transferencias y las tarifas que aplican, las cuales llegan hasta 10% del monto enviado.

Habló en entrevista con EL UNIVERSAL de la necesidad de que ocurran conversaciones entre el Banco de México y los bancos comerciales y las agencias internacionales de transferencia de dinero para sensibilizar a los tomadores de decisiones y líderes de opinión pública respecto a la necesidad de negociar tarifas más bajas por transferencia de remesas.

Esta situación se agrava para 18% de los receptores que tienen como único ingreso a estas remesas. Según las entrevistas realizadas en 17 colonias seleccionadas en el municipio del Estado de México, 55% de los trabajadores que envían remesas desde EU a este municipio, han reducido la frecuencia de las transferencias para evitar cargas más pesadas de las agencias.

Expuso que seleccionó a Nezahualcóyotl debido a su elevada densidad poblacional y migración de personas de todos los estados.

“El gobierno debería impulsar las políticas públicas, además de la regulación de las transferencias de remesas”, expuso Nuno Solano.

Señaló como ejemplo el programa “Tigra” en Filipinas, donde el gobierno funciona como regulador, orientando las remesas hacia proyectos productivos con responsabilidad social.