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Aunque el anuncio de Daniel Karam Toumeh, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dispersó dudas entre los pensionados, sigue la incertidumbre de la decisión correspondiente entre aquellos que aún siguen cotizando.

Rubén Dávalos, socio a cargo de la práctica de Seguridad Social y Remuneración de la firma KPMG, detalló los alcances de la resolución y qué pasaría de ser aplicada la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reducir de 25 a 10 salarios mínimos el tope de pensiones.

“No se verán afectados quienes ya reciben pensión y tampoco los que empezaron a trabajar en julio de 1997, pero si aplicaría al 1.2 millones de personas próximas a pensionarse con el esquema anterior entre el 20 de julio de 1993 y el 30 de julio de 1997”.

En promedio, una pensión de 10 veces el salario mínimo es 17 mil 200 pesos y la máxima para una de 25 alcanza los 43 mil pesos, lo que implica una reducción cercana al 60%.

Explicó que de ponerlo en práctica el IMSS, se tendría que analizar caso por caso y jurídicamente los empleados se pueden amparar y con un análisis jurídico de la situación particular, la Corte puede fallar a su favor, porque la situación de análisis sería diferente a la que sirvió de base para la jurisprudencia”.

El alcance no se limitaría a los individuos, pues la reducción también dañaría la integridad financiera de las casi 7 mil empresas que tienen planes de pensión privadas en el país.

“Por ejemplo, cuando el salario con el que alguien se pensiona es inferior al que recibe, si era de 100 salarios mínimos y el seguro le daba 25%, la empresa aportaba 75% y de reducirse el tope, tendrían que aportar 90%, generando una carga financera obligatoria para los patrones que en sus estatutos estipulen la complementación de la pensión del IMSS hasta el sueldo total”.

Mencionó que deben analizar su situación, definir si es viable sostener ese tipo de planes o de lo contrario reestructurarlos para lograr viabilidad del negocio pues no están facultados para apelar.

Otra alternativa —comentó—, es que cada trabajador tenga un plan de previsión para pensión y sea consciente de la suma que recibirá y la necesidad de complementarla para mantener su nivel de vida al envejecer”.

Carlos de la Fuente Aguirre, socio de la Práctica de Seguridad Social de la consultora Ernst & Young, calificó como un comentario a la inmediatez, la declaración de la Consar, el aseguró no existir riesgo porque el 90% de los asegurados perciben menos de 10 salarios mínimos.

“Hace un año la Consar en el Senado, dijo que espera 15 millones de jubilados dentro de régimen de la Ley de 1973, entonces ¿quién puede predecir el ingreso de esas personas, cuál será la expectativa y cuántas personas se verán más afectadas?”.

Recordó que se copió el modelo chileno que funciona bien, pero en México tendría fuerza a partir de 1997 y desde ahí contando 30 años pues para que funcione, se tenga suficiente dinero en las cuentas individuales y sean autofinanciables las pensiones.