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Indudablemente que la respuesta a la interrogante no implica que la medida oficial sea para generar un mayor bienestar en la población. En realidad lo que las instituciones pretenden es implementar mecanismos que le permitan al gobierno aliviar sus atribuladas finanzas públicas. Para alcanzar el objetivo de un equilibrio fiscal e intentar dotar de sustentabilidad a las finanzas del gobierno, dos de los tres poderes del Estado se ven tentados en recurrir a la misma solución que desde hace 30 años se ha utilizado: reducir el gasto social.

Sin importar la factura de pobreza que ya existe en México, y que se ha incrementado de manera considerable durante los últimos dos años (así lo pronosticamos y ya fue oficializado: 6 millones de pobres por la crisis económica), desde la esfera del poder público han emanado decisiones que laceran el bienestar de la población.

El primer ejemplo reciente lo constituye la creación y el alza en impuestos, que adicionados a los incrementos en precios de energéticos han hecho mella en la capacidad de compra y producción de los mexicanos. El segundo ejemplo se tiene en una decisión a todas luces polémica, modificar el tope máximo de jubilación para reducirlo de 25 a 10 salarios mínimos.

También se puede mencionar el aumento proporcional en el gasto público corriente, el destinado a cuestiones improductivas, y la poca incidencia que en la actividad económica tiene la inversión pública y ante lo cual no existe ninguna estrategia que solucione dichos problemas.

La factura económica y social que se está gestando con este tipo de políticas se va a sumar a las generadas en las últimas décadas: falta de crecimiento, aumento en la pobreza, desmantelamiento de los encadenamientos productivos, una fuerte disminución en el poder adquisitivo y una creciente inseguridad pública.

En este sentido cabe preguntar, ¿a quién sirve el gobierno?

El tipo de política aplicada va en contra del fortalecimiento de la economía y del mercado interno, lo único que hace es intentar cuadrar las finanzas públicas, algo que desde hace muchos años no se ha logrado y lo cual desmiente que en el México contemporáneo exista o haya existido la estabilidad macroeconómica.

La factura de los yerros en la administración pública nuevamente se pasa a la sociedad, que en abonos paga la ineficiencia de no tener un programa económico exitoso y que solucione el problema de crecimiento y de iniquidad en la distribución de la riqueza.

Con el cambio en el sistema de pensiones de la década pasada se dejó fuera de la seguridad social a una parte de la población que no encuentra trabajo en la economía formal que le otorgue las prestaciones de ley, más de 20 millones de mexicanos. Con la disminución de las pensiones al menos se sumaran otro millón a ese problema social.

Lamentablemente, en el caso del sector público hay un gasto millonario en Remuneraciones Adicionales y Especiales, Pagos por Otras Prestaciones Sociales y Económicas, Pago de Estímulos a Servidores Públicos, Previsiones para Servicios Personales, Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios e Investigaciones y Otros Servicios: la cifra presupuestada para 2010 es de 184 mil millones de pesos y falta por incluir a Pemex y CFE.

¿Podrían nuestros gobernantes reducir sus propias pensiones y prestaciones? ¿Podrían mostrar ese liderazgo?

Sería interesante observar que la pensión máxima de un funcionario público sea de 10 salarios mínimos y que la edad de jubilación sea mayor a los 60 años, que no se les pague el seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo.

En tanto no se resuelvan los problemas económicos del país, lo más probable es que se continúe observando decisiones como las mencionadas, que la sociedad siga pagando con bienestar los errores del gobierno.

*Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tec de Monterrey